Crónica País Vasco.

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Transportistas escolares impugnan orden del Gobierno Vasco para obligar a prestar servicio.

Transportistas escolares impugnan orden del Gobierno Vasco para obligar a prestar servicio.

La Agrupación Alavesa de Transporte de Viajeros, ANETRA, ASINTRA-Euskadi y AUNDI han anunciado que un número significativo de sus asociados han recurrido la orden de ejecución forzosa del transporte escolar en centros públicos. Consideran que esta orden no cumple con la legalidad y advierten que no han tenido suficiente tiempo para prestar el servicio desde su publicación.

Estas asociaciones explican que muchos de sus asociados, principalmente pequeñas y medianas empresas familiares vascas, se han visto obligados a interponer un recurso contra la orden publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el martes pasado.

Los operadores consideran que la orden del Gobierno vasco para la prestación forzosa del servicio de transporte escolar no cumple con la legalidad y afirman que no han tenido suficiente tiempo desde su publicación para organizarse y disponer de los recursos necesarios. Por lo tanto, no pueden prestar el servicio.

Las empresas afectadas señalan que no entienden por qué el consejero de Educación no ha querido reunirse con el sector, a pesar de los repetidos llamamientos realizados en los últimos meses. Recuerdan el compromiso personal del consejero de solucionar el problema derivado de las condiciones de licitación, las cuales comprometen severamente la rentabilidad y viabilidad de los operadores y explican el alto número de licitaciones desiertas.

Además, consideran injustas y no merecidas las acusaciones realizadas por el consejero Jokin Bildarratz previas a la publicación de la orden recurrida. Señalan que el propio Gobierno vasco reprochó a los operadores por intentar perpetuar su situación y evitar una licitación.

A pesar de los recursos interpuestos contra la orden de la Consejería de Educación, los operadores continúan dispuestos a resolver la situación de manera que les permita competir por el servicio de transporte escolar en condiciones mínimas de rentabilidad y seguridad jurídica. Afirman que estas condiciones no se cumplieron en las últimas licitaciones convocadas en 2023 ni en las que fueron anuladas por el OARC en 2021 y 2022.