La reciente decisión del Gobierno vasco de clasificar a Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado impactará en la casi totalidad de sus habitantes, con un 97% de la población afectada. Esta medida busca controlar el aumento de precios en el sector del alquiler.

El anuncio fue realizado el 29 de septiembre a través del Boletín Oficial del País Vasco, aunque la implementación formal de esta declaración se espera tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado a finales de octubre. La alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, celebró esta acción como un paso necesario para establecer las bases legales que permitirán abordar las necesidades de vivienda en la urbe durante los próximos tres años.

Etxebarria enfatizó que esta medida facilitará el desarrollo de una serie de políticas públicas destinadas a mejorar el mercado residencial y aumentar la disponibilidad de viviendas accesibles para los ciudadanos. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, también apoyó la medida, calificando la clasificación de zona tensionada como una herramienta vital para implementar políticas de vivienda efectivas.

El consejero explicó que la regulación del mercado de alquiler es solo una parte del objetivo más amplio de garantizar que la vivienda se reconozca como un derecho fundamental. Para lograr una mejora real en el acceso a la vivienda, será necesario construir más viviendas protegidas y equilibrar la demanda con la oferta existente. Itxaso destacó la necesidad de proteger a los inquilinos, quienes actualmente enfrentan grandes desafíos en el mercado inmobiliario.

Con la inclusión de Vitoria-Gasteiz en esta categoría, aproximadamente el 47,7% de la población de Euskadi residirá en zonas de este tipo. Este porcentaje se espera que supere el 50% en los próximos meses, con la adición de otras localidades que están en proceso de ser clasificadas como zonas tensionadas, como Lezo y Zestoa.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana planea un evento en conjunto con las tres capitales vascas para formalizar esta actualización, el cual contará con la participación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Entre las iniciativas que se implementarán en Vitoria-Gasteiz se encuentra un ambicioso plan de construcción de viviendas protegidas, donde se prevé edificar más de 3.000 nuevos hogares, de los cuales más de la mitad estarán destinados a alquiler protegido. Está previsto que se realicen promociones tanto por parte del Gobierno vasco y el Ayuntamiento como por el sector privado.

La restricción de precios en el alquiler es otra de las medidas que se aplicará, afectando al 97,92% de la población de la ciudad, incluidas las zonas circundantes. Esto permitirá hacer efectivas las limitaciones de precios establecidas por la legislación vigente. Actualmente, el 90% de los contratos ya están sujetos a alguna forma de regulación en cuanto a precios de alquiler.

El Ayuntamiento también ha destacado que solo un pequeño porcentaje de viviendas, aquellas pertenecientes a grandes propietarios o que no se han alquilado en cinco años, son las que aún no se rigen completamente por estas regulaciones, representando así el 10% de los casos. Esto significa que para la mayoría de los contratos se aplican nuevas reglas que limitan los incrementos anuales de los alquileres.

Además de estas restricciones, el Gobierno municipal se compromete a continuar con el apoyo a la rehabilitación de viviendas y la mejora de la eficiencia energética, así como a fortalecer la accesibilidad y habitabilidad en edificios residenciales. También se están llevando a cabo importantes proyectos de regeneración urbana que implican inversiones significativas, como el que afecta a la zona de Zaramaga.

Para abordar el problema de las viviendas vacías, el Ayuntamiento implementará un incremento del 50% en el IBI de estas propiedades, además de explorar nuevas alternativas fiscales que incentiven a los propietarios a poner sus inmuebles en alquiler. Asimismo, se continuarán ofreciendo bonificaciones significativas para la construcción y rehabilitación de viviendas de protección oficial.

Finalmente, el Consistorio se ha declarado a favor de impulsar la creación de alojamientos transitorios y la habilitación de locales en planta baja, especialmente dirigidos hacia jóvenes, ancianos y grupos vulnerables, con el fin de atender las necesidades de toda la comunidad.