Crónica País Vasco.

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Vitoria-Gasteiz planea pedir al Gobierno Vasco el estatus de zona tensionada en marzo de 2025.

Vitoria-Gasteiz planea pedir al Gobierno Vasco el estatus de zona tensionada en marzo de 2025.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha decidido iniciar la elaboración de un diagnóstico y un plan de medidas específicas relacionadas con el mercado de la vivienda. Este proceso está previsto para desarrollarse en un período de tres años, con la intención de solicitar la declaración de zona tensionada al Gobierno Vasco en marzo de 2025.

Así lo ha informado Borja Rodríguez, concejal de Urbanismo y Vivienda, quien se pronunció al respecto durante la comisión municipal que tuvo lugar este lunes. Su respuesta se produjo tras las consultas planteadas por los grupos EH Bildu y Elkarrekin Vitoria sobre este importante asunto de la vivienda en la ciudad.

El concejal ha subrayado que la elaboración del plan se enfocará en establecer prioridades y delinear una serie de estrategias y acciones. Este enfoque inicial considerará diversos elementos, incluyendo las tendencias demográficas, los niveles de emancipación y un exhaustivo análisis socioeconómico de las familias que residen en Vitoria-Gasteiz.

Rodríguez también detalló que el estudio evaluará la necesidad y la demanda de vivienda en la ciudad, así como su evolución a lo largo de los últimos años. Esto abarca un examen del parque de vivienda existente y sus características, así como la dinámica del mercado de la vivienda en términos de compraventa y alquiler.

Según lo estipulado en el contrato que se ha adjudicado, los documentos que se están preparando deberán ser entregados en un plazo de 15 semanas. De este modo, se estima que hacia finales del primer trimestre de 2025, el Ayuntamiento procederá a solicitar al Gobierno Vasco la mencionada declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

Referente a las zonas que podrían ser consideradas como tensionadas, el concejal Rodríguez destacó que "todos los distritos de la ciudad cumplen al menos con uno de los criterios necesarios para esta declaración", a excepción de la zona rural. Esto indica que la propaganda de la problemática habitacional es una realidad extendida en la ciudad.

Una vez que se efectúe esta solicitud, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana comenzará el procedimiento necesario para la declaración de zona tensionada. Posteriormente, se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) así como en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA), donde se dará a conocer el inicio del procedimiento y se abrirá un periodo de información pública que incluirá todos los fundamentos de esta propuesta.

Después de llevar a cabo el análisis de alegaciones, se elaborará una memoria justificativa definitiva que será fundamental para la resolución del procedimiento. Esta resolución será emitida mediante una orden del consejero y se comunicará tanto al Boletín Oficial del País Vasco como al Ministerio de Vivienda.

Cabe señalar que los grupos de oposición, EH Bildu y Elkarrekin Vitoria, han expresado su disconformidad, acusando al Gobierno municipal de no cumplir con lo prometido en el pleno del pasado enero, donde se aprobó una moción que incluía el compromiso del PSE y PNV de solicitar la declaración de zona tensionada antes de finalizar el año 2024.

El concejal de EH Bildu, Xabier Ruiz de Larramendi, ha criticado la inacción del Gobierno, señalando que la falta de medidas concretas durante un año ha sido irresponsable, especialmente dado que el número de personas demandantes en Vitoria-Gasteiz ha superado las 13,600. Su afirmación resalta la urgencia de abordar la compleja situación del acceso a la vivienda en la ciudad.

Del mismo modo, el concejal Óscar Fernández, de Elkarrekin Vitoria, ha denunciado los incumplimientos del Gobierno municipal respecto a los plazos acordados en el pleno en relación con las políticas de vivienda. Fernández ha instado a que se identifiquen de manera más precisa los plazos, así como el plan complementario que debería acompañar a dicha solicitud, con la finalidad de regular los escandalosos precios de alquiler que ya superan los 1,000 euros en la ciudad.