Zupiria repudia amenazas contra Otegi y señala su creciente frecuencia.

En Bilbao, a 31 de marzo, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha expresado su firme rechazo ante las amenazas de muerte que han sido objeto del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Zupiria ha manifestado su deseo de que el responsable de estos actos "pague por este delito" y ha señalado la preocupante tendencia de aumento en este tipo de agresiones dirigidas a políticos y partidos.

En una entrevista para Radio Euskadi, reportada por Europa Press, el consejero indicó que tras recibir la denuncia el pasado diciembre sobre las amenazas a Otegi a través de un correo electrónico, se ha establecido un constante intercambio de información entre el líder de EH Bildu, su formación y la Ertzaintza, quien ha estado llevando a cabo las investigaciones pertinentes como autoridad judicial.

Zupiria explicó que desde enero el caso ha pasado a manos del sistema judicial y expresó su esperanza de que con la colaboración de la Ertzaintza se pueda resolver la situación definitivamente. Esta implicación de las fuerzas de seguridad es esencial para garantizar que se haga justicia en este asunto tan grave.

El consejero de Seguridad hizo especial hincapié en que las amenazas hacia Otegi son inadmisibles y constituyen un delito. "Cualquier amenaza de muerte debe ser tomada con la seriedad que merece y espero que tanto la Justicia como la Ertzaintza logren identificar al autor de estas amenazas, aplicando todo el peso de la ley", afirmó Zupiria, subrayando la importancia de que se rinda cuentas por este tipo de actos.

Asimismo, el titular de Seguridad del Gobierno Vasco resaltó que las intimidaciones a figuras políticas, aunque a menudo se presentan en forma de mensajes anónimos o pintadas, se han vuelto más frecuentes de lo que se debería permitir en una sociedad democrática. "Lamentablemente, este tipo de incidentes están ocurriendo con más frecuencia de lo aceptable", concluyó Zupiria, que reclama una mayor atención hacia la seguridad de los representantes públicos.