El Gobierno Vasco regula la acreditación de socorristas en piscinas para reforzar la seguridad veraniega

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha aprobado una orden que establece los criterios para la acreditación de socorristas en piscinas de uso colectivo. La medida, vigente desde este viernes, desarrolla el Decreto 32/2003 y busca garantizar la cualificación de los profesionales durante la temporada estival.

El nuevo marco normativo especifica qué certificados y titulaciones serán válidos hasta el 30 de septiembre de 2026. La regulación no afecta a espacios naturales como playas y ríos, sino que se centra exclusivamente en instalaciones bajo regulación sanitaria en el País Vasco. La intención es mantener altos estándares de seguridad en las piscinas públicas y privadas.

Además, la orden contempla un período transitorio ante la posible escasez de profesionales cualificados en el inicio del verano. Durante este tiempo, formaciones acreditadas por federaciones deportivas, Cruz Roja, DYA y similares serán consideradas válidas, siempre que cuenten con el diploma correspondiente. Esto busca evitar riesgos en la cobertura de socorristas en plena temporada.

El contexto político refleja la preocupación por garantizar la seguridad pública en un momento en que la temporada turística y de recreo en piscinas aumenta la demanda de personal cualificado. La medida también responde a la necesidad de consolidar un marco regulatorio que asegure la competencia profesional en el sector.

De cara al futuro, la normativa refuerza la intención del Gobierno Vasco de establecer un sistema de acreditación más riguroso y homologado, en línea con normativas nacionales y europeas. La implementación progresiva busca equilibrar la seguridad con la disponibilidad de profesionales, en un escenario de posibles déficits.

En el contexto más amplio, esta regulación forma parte de una estrategia de mejora de la calidad en las instalaciones recreativas y sanitarias del País Vasco, con un horizonte que contempla la consolidación de un marco normativo estable y adaptado a las necesidades sociales y sanitarias de la comunidad.