La confrontación entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) ha alcanzado un nuevo nivel tras la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Empleo Público en el Parlamento Vasco. Este proyecto, que busca otorgar un marco jurídico más seguro a los requisitos de lengua en los procesos de selección de personal de las administraciones vascas, ha sido respaldado por el PNV y EH Bildu. Sin embargo, ha suscitado un intenso rechazo por parte del PSE, el Partido Popular (PP) y Vox.

El debate en torno a esta reforma se intensificó este jueves, cuando el Parlamento Vasco se pronunció sobre la toma en consideración de la propuesta. Con el apoyo unánime de los 52 parlamentarios del PNV y EH Bildu, y 19 votos en contra provenientes del PSE, PP y Vox, la normativa avanza en su tramitación. Sumar optó por la abstención en esta votación crucial.

Cabe mencionar que esta iniciativa fue presentada unilateralmente por el PNV, después de que el PSE y el partido nacionalista no lograran llegar a un consenso sobre cómo abordar la actualización de la normativa que regula los requisitos lingüísticos en el ámbito del empleo público.

Entre las disposiciones más relevantes, la reforma estipula que no se aplicarán criterios generales obligatorios en materia de lengua en las futuras convocatorias de empleo, lo que los jeltzales consideran un paso necesario para evitar que estas normativas presenten problemas legales.

El parlamentario del PNV, Markel Olano, defendió la necesidad de revitalizar el euskera, argumentando que las lenguas minoritarias requieren de esfuerzos sistemáticos para su preservación. Recogiendo el eco de la historia, Olano hizo alusión a las políticas represivas del pasado que han afectado al euskera y sugirió que el catastrofismo que exhibe el PSE en relación a esta reforma es infundado. Aseguró que el PNV no tiene intención de eliminar los índices lingüísticos obligatorios, sino de fortalecerlos.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, destacó la evidente sintonía entre su partido y el PNV en este asunto y cuestionó por qué ambas fuerzas no unieron sus esfuerzos en una única propuesta legislativa. También subrayó que los derechos lingüísticos son fundamentales, y criticó que la atención en euskera no esté garantizada en todos los servicios públicos, a pesar de su estatus como lengua oficial.

El debate también abordó las sentencias recientes que emergen de recursos presentados por sectores de la extrema derecha, que, según Otxandiano, buscan desestabilizar la situación lingüística en Euskadi. Al respecto, Pau Blasi del PSE expresó su alarma por la dirección que ha tomado la política lingüística bajo el liderazgo del PNV, haciendo hincapié en que han existido alternativas y enfoques más constructivos que el actual.

Este clima de desconfianza se tradujo en críticas desde el PP, donde Santiago López advirtió que la ideología del PNV y EH Bildu está desconectada de la realidad que viven los ciudadanos. Aseguró que estas formaciones han logrado arruinar diversos sectores, desde la educación hasta la sanidad, y que su impulso por el lenguaje solo contribuiría a una mayor división.

Finalmente, la postura de Sumar fue de apoyo al objetivo de actualizar las normativas lingüísticas, aunque cuestionaron la metodología utilizada por el PNV, advirtiendo que su propuesta podría generar una indefinición perjudicial para los ciudadanos.