Durante el segundo trimestre del año, el sistema judicial del País Vasco ha visto un notable descenso en las demandas de disolución matrimonial, con un total de 889 casos registrados, lo que representa una disminución del 15,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde se reportaron 1.053. Este dato coloca a la comunidad autónoma en una posición favorable respecto a la media nacional.

Los informes del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), divulgados recientemente, indican que del total de las demandas, 251 correspondieron a divorcios no consensuados. Este tipo de solicitudes disminuyó en un 21,3%. Por otro lado, 616 fueron divorcios consensuados, lo que muestra también una reducción del 11,9%. Además, se registraron 17 solicitudes de separación consensuada y solo 5 de separación no acordada, mostrando caídas del 10,5% y del 68,8% respectivamente.

Un dato significativo es que no se ha producido ninguna anulación matrimonial en este mismo periodo, manteniéndose constante en relación al año anterior. También se ha observado una baja en las demandas de modificación de medidas en casos de separación y divorcio: 242 casos no consensuados, un descenso del 24,6%, y 130 consensuados, apenas un 1,5% menos que el primer semestre de 2024.

En cuanto a la custodia y los alimentos de hijos no matrimoniales, se recibieron 225 demandas no consensuadas y 204 consensuadas, con disminuciones del 27,7% y del 9,3% respectivamente. Esta caída en las demandas refleja un cambio en la dinámica familiar en la región.

Al analizar estas cifras en el contexto de la población, se estima que en el País Vasco hay 39,9 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, lo que es inferior a la media estatal de 43,9 en el mismo trimestre. Este dato pone de manifiesto una tendencia que podría interpretarse como un signo de estabilidad en las relaciones familiares vascas.

Al observar a nivel nacional, se han contabilizado un total de 21.348 demandas de disolución matrimonial, lo que también implica un descenso del 16,7% con respecto al segundo trimestre de 2024. Esta tendencia sugiere una reevaluación de las uniones matrimoniales en toda España, llevando a muchos a reconsiderar la viabilidad de sus relaciones.