El denominado método 'Carding' implica el uso ilícito de datos de tarjetas de crédito sustraídas, con el objetivo de realizar compras fraudulentas en línea. Este tipo de estafa ha demostrado ser un reto significativo para las autoridades, generando pérdidas monetarias considerables debido a la creciente sofisticación de los delitos cibernéticos.

BILBAO, 23 de diciembre – Recientemente, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Municipal de Bilbao, ha llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal especializada en el uso de tarjetas robadas. Dicho grupo se encuentra acusado de haber defraudado más de 90.000 euros utilizando el ya mencionado método 'Carding' para adquirir productos tecnológicos de alta gama, que posteriormente enviaban a Marruecos, según lo declarado por el Ministerio del Interior del Gobierno español.

El 'Carding' se refiere a la práctica de obtener y utilizar los datos de tarjetas de crédito robadas. El término puede desglosarse en su significado más simple, donde "card" se traduce del inglés como "tarjeta". La utilización de este método implica un conocimiento avanzado de cómo operar en el ámbito digital, lo que representa un verdadero desafío para las fuerzas del orden.

En el transcurso de la operación, denominada 'Dania', se han detenido a cuatro individuos y se ha abierto una investigación sobre otros siete, quienes se cree están involucrados en esta estafa. Según las autoridades, el modus operandi del grupo consistía en la compra fraudulenta de productos tecnológicos de gran valor, destinados a ser revendidos en el mercado marroquí.

El proceso de investigación se inició en noviembre del año anterior, cuando un empresario de una distribuidora de telefonía móvil en la ciudad de Valencia denunció irregularidades en las transacciones de su empresa. El empresario alertó a la Guardia Civil tras detectar varios pedidos online de dispositivos móviles por un monto total de 9.490 euros, con destinos en Bizkaia y Barcelona, lo que despertó la sospecha de actividad delictiva.

La situación se agravó cuando una ciudadana danesa se comunicó con el empresario para informarle que su tarjeta había sido utilizada sin su autorización para realizar una compra en su tienda online, exigiendo la cancelación de la transacción y el reembolso del importe. Este hecho reforzó la necesidad de iniciar una investigación más amplia.

A raíz de esta denuncia, los agentes comenzaron a analizar la documentación proporcionada, descubriendo que los productos habían sido enviados a varias direcciones en localidades vizcaínas como Bilbao, Basauri y Leioa. Este hallazgo inicial fue clave para profundizar en el esquema delictivo que se estaba llevando a cabo.

La Guardia Civil también determinó que, durante el año 2023, se habían registrado un total de 31 pedidos utilizando 11 líneas telefónicas distintas, así como identidades ficticias para evitar el rastreo por parte de las autoridades. Estos descubrimientos subrayan la organización y el nivel de planificación involucrados en la consecución de sus objetivos delictivos.

La investigación continuó con un examen exhaustivo de las líneas telefónicas e identidades ficticias, lo que condujo a la identificación de otros 41 envíos realizados por empresas de tecnología. Además, se localizaron dos establecimientos en Bilbao vinculados al fraude, lo que llevó a incrementar la presión sobre la organización criminal.

Los investigadores revelaron que las compras fraudulentas habían sido facilitadas mediante el uso de tarjetas de víctimas residentes en Dinamarca, Alemania y Noruega. El método consistía en recolectar los datos personales a través de las técnicas de 'Carding', posteriormente utilizándolos para la adquisición de productos de alta gama, en su mayoría teléfonos móviles, que se revenden rápidamente en mercados secundarios.

Adicionalmente, se encontró que dos de los dispositivos móviles adquiridos ilegalmente se utilizaban con líneas telefónicas de Marruecos, con la mayoría de estos dispositivos no activados en territorio español, lo que sugiere que estaban destinados para uso o venta en otros países.

Conjuntamente, la Policía Municipal de Bilbao estaba llevada a cabo su propia investigación sobre un grupo criminal que se dedicaba a enviar teléfonos móviles robados hacia Marruecos desde el barrio de San Francisco, lo que facilitó la identificación de uno de los cabecillas, quien operaba un establecimiento de telefonía en Bizkaia.

En el marco de la operación, se procedió al análisis exhaustivo de las tarjetas de crédito utilizadas, revelando que se habían utilizado 33 tarjetas de diez entidades bancarias diferentes, con un total de gastos que superaron los 56.200 euros. La investigación concluyó que el montante total defraudado podría haber ascendido a más de 91.500 euros, considerando que existieron pedidos que fueron cancelados o devueltos por inconsistencias en la información de las tarjetas utilizadas.

De acuerdo con los datos recabados, se ha confirmado que la organización utilizó más de 100 tarjetas bancarias de manera fraudulenta y 13 números telefónicos diferentes para gestionar la entrega de los paquetes ilícitos. Además, se identificó la participación de al menos once individuos y cinco establecimientos en las operaciones de recogida de estos productos tecnológicos.

Los agentes realizaron cuatro registros, incluyendo uno en el domicilio de quien se considera el líder de la organización en Zalla, y otros tres en diferentes locales en Bilbao. También llevaron a cabo ocho inspecciones en varios establecimientos de la capital vizcaína y Durango, bloqueando un total de 17 cuentas bancarias asociadas a la operación.

La coordinación de los registros fue fundamental, dado que varios integrantes de la organización se hospedaban en los mismos locales para resguardar los productos obtenidos de manera ilícita, tal y como lo identificaron las autoridades.

En total, las autoridades intervinieron 48 teléfonos móviles de origen ilícito, además de incautar 5.850 euros, tres ordenadores, un iPad, una tablet, cuatro tarjetas SD, 31 tarjetas SIM, dos pendrives, varios documentos de identificación de terceros, así como pasaportes marroquíes y otros documentos bancarios de interés.

Un dato alarmante es que cuatro de los investigados pertenecen a un sistema de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), acumulando ayudas que suman más de 128.000 euros en los últimos cuatro años. Curiosamente, el líder de la organización es también el que percibía la mayor cantidad de estas ayudas estatales.

La investigación ha sido realizada por el Equipo@-EDITE de la Guardia Civil de Bizkaia, trabajando en conjunto con la Policía Municipal de Bilbao, y recibieron apoyo de diversas unidades. Este esfuerzo conjunto refleja la seriedad con la que se está abordando este tipo de criminalidad organizada.

Finalmente, la operación 'Dania' ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, contando además con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dado que se encontraron trabajadores en situación irregular durante la investigación.