El TSJPV propone hasta 31 nuevas plazas judiciales en Euskadi para 2026

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha aprobado un plan que contempla la creación de entre 15 y 31 nuevas plazas judiciales en Euskadi para 2026. La propuesta dependerá de la confirmación del borrador del Real Decreto que prevé la incorporación de 14 nuevas unidades judiciales en la comunidad autónoma.

Este incremento responde a la carga de trabajo en los órganos judiciales vascos, que en los últimos años ha superado en varias ocasiones el 130% del módulo de entrada, criterio establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia para justificar nuevas plazas. La medida busca aliviar la saturación actual del sistema judicial vasco, que ha experimentado un aumento en casos y funciones.

El proyecto de Real Decreto contempla la creación de 500 nuevas plazas en toda España en 2026, de las cuales 14 están previstas para Euskadi. La propuesta del TSJPV contempla tres escenarios diferentes: uno en el que no se confirmen esas previsiones, otro en el que se confirmen y se creen 14 plazas, y un tercero en el que, además, se transformen algunas plazas de jueces en Secciones de Violencia sobre la Mujer en Donostia y Vitoria en nuevas plazas judiciales.

El órgano judicial vasco enviará la propuesta al CGPJ para su valoración y posterior remisión al Gobierno, que decidirá el número definitivo de juzgados y plazas en la comunidad. La decisión tendrá impacto en la estructura judicial y en la gestión de recursos, y será reflejo de la voluntad de reforzar la administración de justicia en Euskadi en un contexto de aumento de la demanda judicial.

Este proceso se enmarca en un contexto político complejo, donde las instituciones vascas y el Estado negocian la distribución de competencias y recursos. La ampliación del sistema judicial en Euskadi también responde a la necesidad de garantizar una administración de justicia más eficiente, en un escenario en que la justicia autonómica busca consolidar su autonomía y capacidad de gestión.

De cara al futuro, la aprobación definitiva de estas plazas dependerá de las variables políticas y presupuestarias nacionales. La comunidad vasca seguirá vigilando la evolución del proceso y su impacto en la mejora del servicio público judicial, clave para mantener la confianza en las instituciones democráticas.