La reactivación del Parlamento Vasco se dará en medio de un enfoque marcado hacia la vivienda, con una agenda repleta de comparecencias en la Comisión de Vivienda programadas para septiembre. Este proceso comenzará con la presentación de diversas propuestas por parte de entidades como sindicatos, patronales y expertos en el área.

La Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana acogerá estas presentaciones, donde se discutirán las contribuciones a la Proposición de Ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, impulsada por el PNV y el PSE-EE. Se espera que las comparecencias inicien el 8 de septiembre, cuando se presentarán representantes del sindicato ELA y de la Plataforma Stop Desahucios, entre otros.

Al día siguiente, la comisión contará con la asistencia de un abogado especializado en urbanismo y otros profesionales relevantes en el sector, con el fin de enriquecer el debate sobre la legislación que se está impulsando en la Cámara autonómica.

El 10 de septiembre será una fecha clave, ya que se prevé la comparecencia de las asociaciones de constructores de las tres provincias vascas, así como otros actores significativos, como arquitectos y miembros del directorado de Planificación Territorial. La Proposición de Ley fue presentada el 3 de junio y busca desatascar la construcción de nuevas viviendas en la región.

Entre las medidas propuestas se destaca la reducción del porcentaje de reserva para vivienda de protección pública, pasando del 75% al 60%, con el objetivo de estimular la edificación de pisos. Según el texto, Euskadi dispone de suficiente terreno urbanizable para construir más de 160,000 viviendas, aunque muchas de estas están inactivas por barreras urbanísticas y económicas.

Esta legislación pretende movilizar dichos recursos para hacer frente a la evolución demográfica y a los retos económicos actuales. Una de las claves de este enfoque es permitir un aumento en la edificabilidad urbanística, que se destinaría exclusivamente a la construcción de vivienda de protección pública.

Además, la norma ofrecería un marco más flexible para la creación de alojamientos dotacionales en terrenos ya calificados como equipamientos, facilitando su implementación sin necesidad de modificaciones complicadas en la legislación vigente.

Los promotores de la ley también buscan garantizar una oferta de vivienda, tanto de protección como de precio libre, más accesible para la ciudadanía. Se proponen medidas como la creación de reservas estratégicas y la flexibilización de los criterios que los municipios pueden aplicar en la planificación de nuevas edificaciones.

Finalmente, la propuesta incluye una simplificación de los trámites administrativos, lo que promete reducir los tiempos de gestión y agilizar el proceso de construcción, permitiendo así que los proyectos avancen de manera más eficiente y en plazos más cortos.