El Gobierno Vasco ha presentado un nuevo enfoque para la distribución de Ayudas de Emergencia Social (AES) a los ayuntamientos, el cual se basa en un análisis exhaustivo de las necesidades de cada comunidad. Esta iniciativa busca establecer un sistema más equitativo y adaptado a las realidades sociales actuales.

En una reciente reunión entre el Ejecutivo autónomo, varios consistorios y un equipo especializado de EUDEL, se acordó un borrador que redefine las normas que rigen las AES. Este documento estipula un límite máximo de ayudas por cada unidad convivencial que habite en un mismo hogar, lo que pretende hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Las AES son un tipo de subvención otorgada a través de los ayuntamientos, diseñadas para cubrir necesidades específicas y evitar situaciones de vulnerabilidad social. De acuerdo con el Gobierno Vasco, estas ayudas están dirigidas a aquellos que enfrentan dificultades económicas y requieren apoyo adicional.

Para acceder a estas ayudas, los beneficiarios deben cumplir ciertos criterios, como ser mayores de edad, haber estado empadronados durante al menos seis meses y no contar con ingresos suficientes para atender sus gastos básicos. Además, quienes soliciten ayudas de alquiler no deben ser beneficiarios de otras prestaciones relacionadas con la vivienda.

El objetivo principal del nuevo borrador es actualizar la normativa de las AES en consonancia con la reciente regulación sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como con otros marcos legales pertinentes. Esto permitirá que el sistema se adecue a los cambios sociales que se han ido presentando a lo largo del tiempo.

Este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto de cinco localidades representadas por EUDEL, que incluye a Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo y Errenteria, además de la colaboración de técnicos del Gobierno Vasco. A través de esta colaboración, se han identificado tanto las oportunidades como los desafíos en la implementación de estas ayudas.

Entre las novedades que se proponen, destaca la revisión de las configuraciones de las unidades convivenciales y la definición de un límite de ayudas ajustado a la situación de cada hogar. También se prevé un nuevo método para la distribución de la financiación entre los municipios, teniendo en cuenta indicadores de necesidad como el número de personas que reciben RGI y aquellos que no perciben ninguna asistencia.

El reparto de fondos se realizará anualmente, en dos fases: una al inicio del año y otra tras la justificación de las ayudas del ejercicio anterior. Esta estrategia busca garantizar que los ayuntamientos dispongan de los recursos necesarios de manera más ágil y eficiente.

Una vez elaborado el primer borrador, se abre un periodo de consultas con entidades especializadas como el OISS y consejos de servicios sociales e inclusión. El objetivo es enriquecer el documento antes de llevarlo a una aprobación definitiva.

El nuevo decreto también será revisado por distintos departamentos administrativos y se someterá a la opinión de la sociedad civil y organizaciones del tercer sector, como Cáritas y Cruz Roja. A partir de hoy, se establece un mes para que se presenten alegaciones al texto propuesto.

Finalmente, desde el Departamento de Bienestar, se ha manifestado que los ayuntamientos vascos ya han comenzado a recibir las asignaciones económicas correspondientes a las AES para el ejercicio 2025, asegurando así un apoyo inmediato a aquellos que más lo necesitan.