El Gobierno Vasco intervendrá en el vertedero de Zaldibar debido a la falta de acción por parte de Verter, empresa encargada de su administración. Esta falta de sellado e impermeabilización temporal podría poner en riesgo la estabilidad del terreno, por lo que el Gobierno asumirá estas tareas con un costo estimado de 750.000 euros. Según la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, el Gobierno está tomando medidas porque la empresa no está cumpliendo con sus responsabilidades.

La consejera informó que se ha realizado un estudio de estabilidad del vertedero de Zaldibar, que colapsó en febrero de 2020 provocando la muerte de dos trabajadores. El Gobierno Vasco ha certificado que Verter, representada ahora por el administrador concursal, ha incumplido los requerimientos de la administración, lo cual está causando una disminución progresiva en la estabilidad del vertedero.

Tapia recordó que se han realizado numerosos requerimientos a Verter, siempre compartidos con el juez y la fiscalía. Ante la falta de acción por parte de la empresa en cuanto a sellado e impermeabilización temporal, el Gobierno Vasco asumió nuevamente la responsabilidad que le corresponde al titular del vertedero e impulsó la elaboración de un estudio de estabilidad del residuo.

El estudio confirmó que la falta de mantenimiento y sellado del vertedero podría afectar su estabilidad. Aunque la situación actual no supone un problema inminente, el vertedero no es viable a largo plazo en su configuración actual. El objetivo del Gobierno es garantizar la seguridad a lo largo del tiempo, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Ante estas conclusiones, el Gobierno Vasco ha decidido actuar de forma subsidiaria debido a la falta de respuesta por parte de Verter a los requerimientos realizados hace meses y al riesgo de pérdida de estabilidad. Además, se iniciarán expedientes sancionadores por el incumplimiento reiterado de los requerimientos de la administración.

En cuanto a las acciones a tomar, se espera que en un plazo de dos o tres meses se instale una lámina provisional que garantice la impermeabilización del vertedero durante al menos 5-6 años. También se llevarán a cabo tareas de compactación de tierras para mejorar la situación del vertedero. Estas acciones tienen un costo aproximado de 750.000 euros.

La consejera ha destacado que estas medidas no constituyen un sellado definitivo, pero son una solución alternativa para garantizar la seguridad y protección del medio ambiente en la instalación. El sellado definitivo sigue siendo responsabilidad de la empresa Verte Recycling.

En respuesta a las declaraciones de la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, sobre la supuesta falta de información por parte del Gobierno Vasco, Tapia ha afirmado que se ha proporcionado toda la información solicitada por el juzgado y la fiscalía de manera oportuna. Además, ha destacado la disposición y colaboración de su Departamento.