Gobiernos de España y el País Vasco discutirán el aumento de capacidad eléctrica en Euskadi el martes.

En un encuentro celebrado en el parque tecnológico de Miñano, en Álava, el Departamento de Industria, junto a un grupo de empresas, ha abordado los desafíos que enfrenta el sector siderúrgico. Esta reunión se enmarca en la búsqueda de soluciones ante las adversidades económicas que han surgido en el ámbito global.
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se reunirá este martes con Mikel Jauregi, el consejero vasco de Industria, para determinar la parte del aumento de la capacidad de la red eléctrica, anunciado recientemente por el Gobierno central, que corresponde a Euskadi. Este encuentro tiene como objetivo asegurar que la región no quede rezagada en la transición energética.
La reunión, programada para las diez de la mañana y organizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, representa un paso significativo en la colaboración entre el gobierno vasco y el sector privado. Se espera que este diálogo conduzca a un enfoque más coordinado sobre los desafíos que enfrenta la industria.
En la anterior mesa sectorial, encabezada por Jauregi, se unieron destacados representantes de las empresas siderúrgicas vascas. El foco de esta reunión estuvo en analizar el impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Trump, que han generado preocupación en un sector vital para la economía local.
A esta sesión asistieron empresas clave como Tubacex, Arcelor Mittal y Sidenor, así como representantes de asociaciones empresariales y la Diputación Foral de Álava. El propósito de la reunión fue establecer una línea de comunicación directa entre el sector y el gobierno para afrontar juntos los problemas derivados de los aranceles.
Este es el primero de tres foros convocados por el lehendakari Imanol Pradales, los cuales se centrarán en evaluar el impacto de las tarifas arancelarias en varios sectores, siendo el de la automoción y la fabricación avanzada los siguientes en reunirse. El objetivo es escuchar a las empresas afectadas y coordinar esfuerzos para mitigar los efectos de una normativa que afecta a la competitividad.
Jauregi ha subrayado la importancia de ofrecer respuestas unificadas para proteger los empleos y las industrias más golpeadas por la situación arancelaria actual. En la reunión se ha discutido el impacto de los aranceles y las medidas que se han implementado hasta ahora.
El consejero también ha destacado que el ecosistema siderúrgico tiene una alta dependencia del comercio internacional, lo que lo hace vulnerable ante las políticas comerciales de otros países, especialmente Estados Unidos. La imposición de aranceles del 50% por parte de este país ha puesto a las empresas vascas en una posición desfavorable.
Con 261 millones de euros destinados a exportaciones hacia Estados Unidos, es crucial atender las preocupaciones del sector, dado que se prevé que los aranceles tengan un impacto negativo significativo. Se estima que la reducción en ventas causará una merma de aproximadamente 700 millones de euros, lo que podría repercutir en un descenso del 0,33% del PIB en Euskadi.
Los sectores especialmente perjudicados comprenden a los fabricantes de tubos para energía y aceros especiales, así como a las pequeñas y medianas empresas involucradas en el sector de la forja y mecanizado. También se ha apuntado el riesgo de efectos indirectos para empresas que operan en mercados europeos clave, como Alemania y Francia, debido a la reorientación estratégica de la competencia.
Jauregi también ha recordado el trabajo continuo del Gobierno Vasco para enfrentar los efectos colaterales de los aranceles estadounidenses, que se ha traducido en acciones concretas desde abril, cuando se lanzó un conjunto de medidas por un valor de 2.162 millones de euros. Este 'escudo comercial' incluye apoyos a la internacionalización y la protección del empleo en Euskadi.
Los representantes del sector siderúrgico han indicado sus preocupaciones sobre la nueva realidad arancelaria y han compartido sus necesidades para mantener la competitividad y mitigar los riesgos asociados. La colaboración entre el gobierno y las empresas será esencial para enfrentar estos retos y garantizar un futuro sólido para el sector en la región.
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