El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha manifestado con firmeza la necesidad de mantener su presencia activa en las calles, enfatizando que esta visibilidad es crucial para evitar nuevos recortes en las pensiones. Según esta organización, la riqueza generada por el trabajo en el país ofrece suficientes recursos para satisfacer sus demandas de manera sostenible.

En un comunicado emitido recientemente, el colectivo ha analizado un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este informe, según señalaron, otorga al Gobierno un cierto respaldo en cuanto a la gestión de las pensiones, mientras no se exige inmediatamente la reducción de gastos o el incremento de ingresos necesarios para fortalecer el sistema.

Los pensionistas sostienen que, sin su constante movilización, los efectos adversos de dicho informe podrían ser mucho más severos. Lamentan que, a pesar de sus esfuerzos, todavía no se garantice el acceso a pensiones dignas ni se asegure la financiación del sistema público de pensiones.

En su análisis, el colectivo de pensionistas aboga por una atención a la disponibilidad presupuestaria, que depende directamente de las prioridades fijadas en la Constitución. Este marco establece que el pago de la deuda pública está por encima de cualquier otra obligación financiera del Estado, lo que influye en la asignación de recursos a las pensiones.

Con mirada crítica, el Movimiento de Pensionistas ha advertido sobre el posible incremento de la deuda pública en los próximos años, sugiriendo un ajuste del 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) para afrontar esta situación. Además, han destacado que cualquier aumento en el gasto de defensa puede resultar en reducciones adicionales en otras áreas, lo que podría desviar recursos cruciales para las pensiones.

El colectivo reitera su mensaje de que cambiar la inversión en pensiones por gastos militares no es aceptable, además de cuestionar la tendencia a implementar ajustes en lugar de abordar las causas subyacentes del problema.

En su crítica, también han mencionado que el informe de la AIReF deja de lado el impacto de los pagos realizados por la Seguridad Social que contribuyen a compensar los gastos relacionados con las pensiones, lo cual, a su juicio, es una omisión significativa en la evaluación del sistema.

Por otro lado, han puesto de relieve que la principal fuente de financiación del sistema, las cotizaciones, se ven amenazadas por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, lo que reduce los recursos que deberían fluir hacia la Seguridad Social. Citando datos del Banco de España, han mostrado que mientras los beneficios empresariales aumentaron considerablemente en 2022, los aumentos en salarios apenas se han equiparado.

Ante esta situación, los pensionistas han abogado por implementar medidas concretas que ayuden a crear empleo de calidad y a mejorar tanto salarios como cotizaciones. Consideran que estas acciones son esenciales para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones a largo plazo.

Además, han señalado la falta de atención hacia la brecha salarial de género, un asunto que, según su análisis, podría mejorar las cotizaciones en aproximadamente un 1.5% del PIB si se abordara adecuadamente.

Finalmente, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha insistido en que su lucha en las calles es vital para alcanzar sus metas y que, con la riqueza generada por el trabajo, hay recursos suficientes para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, expresan que es indispensable una voluntad política genuina que aborde la equidad fiscal y combata la especulación financiera y los paraísos fiscales.