Un reciente análisis de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género en Bizkaia ha desvelado preocupantes cifras sobre feminicidios en la región, con 12 casos registrados entre 2010 y 2022. Alarmantemente, la mitad de estos crímenes fueron perpetrados con arma blanca y, en la mayoría de ellos, se utilizó una violencia extrema.

El estudio, encabezado por la presidenta de la Audiencia de Bizkaia, Reyes Goenaga, revela que en ocho de los crímenes los agresores eran de nacionalidad española y a su vez siete de las víctimas compartían la misma identidad nacional. De estos casos, siete no contaron con denuncias previas, lo que pone de manifiesto la realidad de 13 menores que han quedado huérfanos de madre, además de un menor cuyo asesinato tuvo lugar junto a su madre.

La Comisión formó en 2022 un equipo especializado para la revisión de estos trágicos incidentes, establecido con la finalidad de mejorar la prevención y detección temprana de casos similares. Este grupo está compuesto por expertos de diversas instituciones, tales como Osakidetza y la Ertzaintza, así como profesionales del ámbito judicial y social, quienes trabajan conjuntamente para analizar los factores de riesgo presentes en cada caso.

El compromiso de este equipo radica en desarrollar protocolos de intervención más eficientes, que no solo busquen anticipar situaciones de riesgo, sino que también fortalezcan el apoyo y la protección a las víctimas. Este esfuerzo se enmarca en la necesidad de coordinar adecuadamente los esfuerzos entre los diferentes organismos involucrados en la lucha contra la violencia de género.

Los datos revelan que las cifras de feminicidios son alarmantes: 12 casos fueron documentados y, de ellos, seis se llevaron a cabo con arma blanca, mientras que otros métodos mortales también encontraron su lugar en la lista. Sorprendentemente, el escenario más común de estos crímenes fue el hogar, destacando que en cinco de los casos el asesinato ocurrió en el domicilio compartido.

Los perpetradores de estos actos violentos presentan un perfil en su mayoría español, con una edad promedio de 42,8 años, mientras que las víctimas eran un poco más jóvenes, con un promedio de 40,6 años. La relación entre víctima y agresor a menudo se termina de forma trágica cuando las mujeres deciden separarse, una estadística que destaca la conexión entre la separación y el aumento de la violencia.

En cuanto a la violencia no letal, el informe muestra que abarca una variedad de formas, incluyendo violencia física, psicológica y sexual. Estos factores pueden presentarse aisladamente o de forma combinada, siendo la violencia psicológica un elemento común en todas las situaciones estudiadas, y denunciar el impacto de esta forma de violencia en las víctimas.

La situación es igualmente preocupante en el ámbito de la violencia física, con una notable porción de agresiones ocurriendo en espacios públicos. Mientras que la mayoría de los agresores eran también de origen español, la problemática se agrava por la presencia de factores como el consumo de alcohol y drogas, que afecta significativamente el comportamiento violento.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Observatorio de Bizkaia de la Violencia de Género, se han registrado casi 24,000 intervenciones policiales relacionadas con la violencia de género en un período de diez años, resaltando que los feminicidios siguen siendo una fracción mínima de estos incidentes, pero cuya gravedad no debe ser subestimada.

El informe concluye con un llamado a la acción, subrayando la necesidad imperiosa de formación continua de los profesionales que tratan con estos casos para abordar de manera multidimensional las complejidades de la violencia de género. También se destaca la importancia de contar con recursos que aborden nuevas formas de victimización, tales como la ciberviolencia, y la fundamental labor de hacer visible el sufrimiento de los menores involucrados en estas tragedias.

Considerando la ideología machista que subyace en estos actos violentos, el informe propone un enfoque integral que no solo contemple a las víctimas, sino que también examine el contexto social y estructural que las rodea. Asimismo, se hace hincapié en la responsabilidad de las instituciones para actuar eficaz y eficientemente, tomando medidas concretas para erradicar este problema y enfrentar la impunidad que a menudo perpetúa la violencia.

Por último, se invita a reestructurar la atención hacia los hombres como punto de identificación de factores de riesgo, involucrando una perspectiva de trabajo preventivo que permita una intervención más efectiva en la raíz del problema, contribuyendo a preservar la integridad de futuras generaciones y a establecer un entorno más seguro para todos.