El Gobierno del País Vasco ha manifestado su oposición a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada, que busca instaurar un complemento a las pensiones para asegurar que alcancen el 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según el Ejecutivo, esta propuesta es innecesaria y podría afectar la viabilidad financiera del sistema actual.

En una reciente reunión del consejo de Gobierno, se subrayó la solidez del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y de Inclusión (LSVGII), recientemente aprobado por el Parlamento, lo que refuerza la postura del Gobierno en contra de la ILP. Este modelo recibió un amplio consenso político y se considera adecuado para gestionar las necesidades de los ciudadanos.

La ILP, impulsada por el Movimiento Pensionistas de Euskal Herria (MPHE), logró reunir más de 145.000 firmas en su favor, lo que indica un considerable apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de mejoras en las pensiones mínimas. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el sistema actual ya cubre adecuadamente estas necesidades.

Desde el año 2008, el modelo vasco ha garantizado rentas mínimas dignas, con medidas específicas para pensionistas. La reciente Ley 14/2022 ha mejorado estas protecciones, situando las prestaciones por encima de los niveles de pobreza establecidos a nivel europeo y priorizando el bienestar de las personas pensionistas.

El Gobierno también ha señalado que su sistema incluye complementos del 40% sobre la cuantía base de las pensiones y realiza revisiones periódicas para adaptarse a las condiciones económicas. En la actualidad, un pensionista individual puede recibir hasta 1.080,82 euros al mes, cifra que se incrementa en función del tamaño de la unidad de convivencia, alcanzando un máximo de 1.535,91 euros.

Los representantes del Gobierno argumentan que la propuesta de la ILP podría generar solapamientos con las prestaciones ya existentes, creando desigualdades y un trato preferente hacia ciertos grupos de pensionistas, en detrimento de otros colectivos vulnerables como las personas con discapacidad o los trabajadores con bajos ingresos.

Además, el Gobierno vasco ha resaltado que cualquier modificación en las pensiones debe ser abordada a nivel estatal, dado que el sistema vasco ya ofrece protección social adecuada. También advirtieron que la implementación de la ILP significaría un gasto estructural que las finanzas públicas no podrían sostener.

Por estas razones, el Ejecutivo considera que la ILP no se alinea con la normativa vigente ni con los principios de sostenibilidad y equidad que rigen el modelo de protección social en el País Vasco. El Gobierno ha enviado su decisión al Parlamento Vasco, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de iniciativas.