En una reunión celebrada en Madrid, el Lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han llegado a un importante pacto que marca un avance significativo en la gestión de la Seguridad Social en el País Vasco. Este acuerdo incluye el traspaso de cuatro prestaciones no contributivas, principalmente tres dirigidas a familias y un subsidio especial por nacimiento, y señala los primeros pasos hacia la gestión autónoma de la Seguridad Social en esta comunidad.

Además de las prestaciones familiares, se ha decidido que Euskadi asuma el control del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), situado en Barakaldo, así como las tareas de salvamento marítimo en sus aguas territoriales, de acuerdo con las declaraciones de ambos gobiernos. Esta transferencia de competencias es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la colaboración entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco.

La Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, presidida por Pradales y Sánchez en el Palacio de La Moncloa, se reunió para discutir estos temas y acordar la cesión de varias competencias relacionadas con la Seguridad Social. La reunión se extendió durante casi tres horas y terminó con un acuerdo que incluye tanto las prestaciones no contributivas como la gestión del seguro escolar en Euskadi.

Con este acuerdo, Euskadi asumirá la responsabilidad de gestionar, pagar, inspeccionar y controlar las tres prestaciones familiares no contributivas junto con el subsidio especial por nacimiento. Específicamente, se trata de la asignación económica por hijo o menor acogido, la prestación por nacimiento o adopción, y los beneficios por partos o adopciones múltiples.

Esta cesión de competencias culmina la transferencia de las prestaciones no contributivas a Euskadi, algo que ya se había iniciado en 1987 con otras transferencias. El modelo de financiación que se aplicará será análogo al utilizado para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, manteniendo la integridad del sistema de Seguridad Social a nivel estatal.

Las prestaciones no contributivas se financiarán a través de los presupuestos generales del Estado. En términos concretos, Euskadi descontará un 6,24% del total de los fondos destinados a estas prestaciones, lo que podría traducirse en un ahorro significativo, alcanzando cerca de 100 millones de euros en el presente año.

En la misma línea, se establece que Euskadi asumirá también la gestión y abono de las prestaciones económicas derivadas del seguro escolar. Esto incluye indemnizaciones por accidentes familiares y otras prestaciones relacionadas con la incapacidad o el fallecimiento de estudiantes, completando así la transferencia que se inició con la asistencia sanitaria relacionada con el seguro escolar en 2020.

El Gobierno vasco ha enfatizado que esta transferencia significa una evolución significativa en las capacidades del Ejecutivo autónomo, convirtiéndose por primera vez en responsable de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social relacionado con el seguro escolar.

Asimismo, el acuerdo alcanzado incluye el traspaso de las infraestructuras del CNVM, que se dedica a la seguridad en el trabajo y a la protección de los derechos laborales y de salud, multiplicando así las competencias que Euskadi puede gestionar en esta área. Este centro es esencial para el análisis de las condiciones laborales y la seguridad en el uso de maquinaria.

Por otro lado, el Estado también ha acordado transferir a la comunidad vasca las funciones relacionadas con el salvamento marítimo en sus aguas territoriales. Euskadi tendrá la responsabilidad de coordinar y gestionar los servicios de búsqueda y rescate, además de poder exigir tasas por dichos servicios.

Sin embargo, se destaca que la legislación y reglamentación nacional permanecerán bajo la autoridad del Estado, que mantendrá la capacidad de establecer directrices y coordinar con otros acuerdos internacionales relacionados con las operaciones de salvamento y la protección marítima.

Este acuerdo no implica transferencias de bienes ni de personal, pero el Estado compensará a Euskadi con una cantidad económica que evaluará la transferencia de competencias no operativas, asegurando así que los recursos sean adecuados para llevar a cabo estas nuevas responsabilidades.