La reciente polémica en torno al campamento de verano de Bernedo, en Álava, ha llevado al Gobierno Vasco y a las diputaciones a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los menores en actividades lúdicas. En un esfuerzo por prevenir futuras irregularidades, se ha constituido una mesa de coordinación con el fin de evaluar los fallos en el sistema que pudieron posibilitar este lamentable suceso.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, compareció ante la prensa en Bilbao para informar sobre las decisiones tomadas tras conocerse las graves acusaciones que han salido a la luz. Hasta el momento, un total de doce denuncias han sido interpuestas ante la Ertzaintza, donde se alegan delitos de naturaleza sexual en contra de la libertad de los menores, en un ambiente que debía ser seguro y de esparcimiento.

Los relatos de las presuntas víctimas son alarmantes, describiendo situaciones en las que los monitores supuestamente forzaban a los niños a ducharse desnudos, realizar actos inapropiados o exhibirse semidesnudos a cambio de comida. Estas situaciones no solo son inaceptables, sino que reflejan una clara falla en la supervisión de las actividades destinadas a la infancia.

En su intervención, Melgosa destacó que la mesa de coordinación se forma con un sentido de responsabilidad colectiva y un claro propósito de mejora. “Las expectativas de las familias son claras: demandan una gestión y una respuesta que aseguren el bienestar de sus hijos en todo momento”, afirmó la consejera, aludiendo a la necesidad de unir esfuerzos entre las administraciones públicas.

Un aspecto crucial en este proceso de revisión será aprender de los errores cometidos y fortalecer los protocolos de actuación. Según Melgosa, es esencial que todas las administraciones públicas, incluyendo el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos, colaboren para desarrollar un marco normativo que prevenga situaciones de vulnerabilidad en el futuro.

La consejera también subrayó la importancia de tener mecanismos de respuesta eficientes para evitar que incidentes como los ocurridos en Bernedo se repitan. Para ello, se ha programado una reunión de carácter técnico entre el Gobierno Vasco y las diputaciones para analizar en profundidad la normativa vigente relacionada con las actividades de ocio.

En cuanto a las acciones legales, se ha señalado que la vía judicial ya está en marcha, con la esperanza de esclarecer los hechos lo más pronto posible, siempre priorizando el bienestar de los menores. Melgosa hizo hincapié en que estas situaciones extremas nunca deben ser banalizadas, dado que se trata de la integridad de los niños.

Por otra parte, se ha dado a conocer que la asociación detrás del campamento de Bernedo no había notificado adecuadamente su actividad a la Diputación Foral, incumpliendo así legislación clave que regula la operación de colonias y campamentos. Este descuido administrativo podría haber comprometido la seguridad de los menores que participaron.

Melgosa manifestó que no se tiene constancia de cuánto tiempo había operado dicha asociación sin la debida licencia, una situación alarmante que plantea dudas sobre la supervisión efectiva de las actividades con menores en la región. Hasta el momento, no se han registrado quejas anteriores sobre el funcionamiento de este campamento.

Al ser interrogada sobre posibles reformas en la normativa que rige estas actividades, Melgosa reveló que se han identificado áreas que requieren revisión, y subrayó que la ley de juventud de 2022 debe abordarse de manera integral para cubrir las lagunas que existen en la actualidad.

En este contexto, la consejera subrayó que quienes trabajan en la educación de los jóvenes deben estar altamente cualificados y que se están desarrollando iniciativas para mejorar los estándares de certificación en este ámbito. Se busca colaborar con todas las entidades relacionadas con el tiempo libre, estableciendo así una red sólida y responsable.

Finalmente, se abordó la necesidad de realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación actual para identificar las fallas y así implementar soluciones efectivas. La Ley de Juventud de 2022, aunque compleja, es considerada como un paso significativo hacia la mejora de la protección y el bienestar de los jóvenes en el País Vasco.