Los sindicatos alertan de la falta de voluntad política para reducir la siniestralidad laboral en Euskadi

En 2025, Euskadi registró 80 accidentes laborales mortales, 25 más que el año anterior, según un informe sindical. Sin embargo, las cifras oficiales reflejan solo 42 casos, lo que evidencia una discrepancia en los datos y una posible subestimación de la realidad.

Este informe, presentado en el Parlamento Vasco, critica la escasa voluntad de las administraciones y del sistema para aplicar sanciones ejemplares a las empresas incumplidoras. Los sindicatos denuncian que la falta de recursos y controles en la Inspección de Trabajo favorece un entorno donde las empresas priorizan beneficios sobre la seguridad de sus empleados.

Las implicaciones son graves, especialmente en sectores vulnerables y feminizados, donde las enfermedades musculoesqueléticas y psicosociales son frecuentes y a menudo no se reconocen oficialmente como accidentes laborales. Esto contribuye a un subregistro que dificulta la toma de decisiones políticas y la protección efectiva de los trabajadores.

Desde el punto de vista político, la falta de acciones contundentes refleja una prioridad limitada en la protección laboral, con un sistema que favorece la impunidad empresarial. Las críticas apuntan a la inacción del Gobierno Vasco y a la necesidad de reforzar la Inspección y aplicar sanciones más severas para mejorar la seguridad laboral.

El contexto político en Euskadi, marcado por la cooperación desigual entre instituciones y grupos sociales, dificulta la implementación de políticas efectivas. La presión sindical busca que el sistema pase de la denuncia a la acción real, con una mayor inversión en recursos y controles.

El futuro de la seguridad laboral en Euskadi dependerá de si las instituciones adoptan un enfoque más riguroso y comprometido, especialmente en un escenario donde la siniestralidad laboral continúa en niveles preocupantes y la percepción de impunidad persiste.