El Ararteko ha realizado un llamamiento a la Diputación Foral de Álava instando a que se reconsidere la imposición del uso obligatorio de programas informáticos para la presentación de autoliquidaciones de impuestos de manera presencial.

El Defensor del Pueblo del País Vasco ha dirigido una recomendación al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos del Gobierno foral, en la que se solicita que se elimine la obligación de utilizar un software específico para la presentación de autoliquidaciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en el contexto de presentaciones presenciales.

Esta recomendación surge a raíz de la queja de un ciudadano que, ante la falta de conocimientos informáticos y recursos técnicos, se vio incapaz de realizar el trámite sin el apoyo adecuado de la Administración.

El Ararteko sostiene que imponer el uso exclusivo de herramientas digitales para trámites que se realizan en persona "viola el derecho de las personas a elegir cómo interactuar con la Administración".

Asimismo, se advierte que una orden foral no puede restringir derechos sin que exista un fundamento legal claro y que las entidades administrativas deben presentar justificaciones objetivas y verificables para cualquier requerimiento relacionado con el uso de medios electrónicos.

En el caso indicado, el ciudadano se encontró en la situación de tener que instalar un programa informático en su computadora o emplear equipos públicos sin la asistencia adecuada, lo que llevó al Ararteko a concluir que no se garantizaban las condiciones necesarias de accesibilidad.

La resolución también hace referencia al principio de buena administración, advirtiendo sobre las posibles consecuencias discriminatorias derivadas de la brecha digital, si no se ofrecen alternativas accesibles y suficiente apoyo.

El Ararteko ha reiterado la necesidad de que las administraciones públicas enfaticen la importancia de situar a la ciudadanía en el centro de sus modelos de atención, garantizando tanto opciones presenciales como digitales que cumplan con principios de legalidad, accesibilidad, gratuidad y no discriminación.

Además, se subraya que un sector significativo de la población, particularmente personas mayores o con limitaciones en su formación digital, podría quedar excluido si no se tienen en cuenta sus necesidades específicas.