El panorama político en Euskadi se complica tras la reciente decisión del Tribunal Supremo, que ha anulado la homologación de títulos académicos extranjeros. Ante esta situación, EH Bildu ha urgido a establecer un nuevo marco político que salvaguarde los derechos de la comunidad vasca, mientras que el PSE-EE sugiere mantener la calma y evaluar a fondo la resolución judicial. En cambio, el Partido Popular respalda la postura del Supremo, señalando que el autogobierno vasco ha sobrepasado sus competencias.

Esta controversia surge después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo invalidara el Real Decreto 366/2024, que concedía a Euskadi la gestión en la homologación de títulos de educación superior provenientes del extranjero. La decisión ha generado un amplio debate entre los actores políticos vascos, que interpretan el fallo de diversas maneras.

Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV, calificó la resolución como un golpe directo al autogobierno y a la autonomía vasca, advirtiendo de sus implicaciones prácticas, que se traducen en una creciente escasez de profesionales en sectores críticos como la salud. La decisión del Supremo, argumenta, obstaculiza la incorporación de especialistas formados en el extranjero al mercado laboral vasco, afectando así la calidad de los servicios públicos.

Es por ello que el líder nacionalista ha instado a unirse en un "frente común" para defender el autogobierno y, de esta manera, garantizar los derechos e intereses de la ciudadanía vasca. Ha apelado incluso al PP, pidiéndole que se sume a este esfuerzo por la mejora de la calidad de vida en la región.

En contraste, EH Bildu, a través de su representante Diana Urrea, sostiene que la situación pone de manifiesto el deterioro del autogobierno vasco y demanda la creación de un nuevo estatus político que permita establecer una relación más equitativa con el Estado español. Esta propuesta, argumenta, es imprescindible para hacer frente a lo que considera un intento de subordinación de los derechos vascos.

Estibaliz Canto, del PSE-EE, ha pedido un análisis más mesurado ante la situación, sugiriendo que las reacciones apresuradas podrían entorpecer un abordaje constructivo. Reconoce que la decisión es desfavorable y pide reflexionar antes de actuar, enfatizando la necesidad de contar con un enfoque legal sólido en los siguientes pasos a seguir.

Por otra parte, la parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha insistido en que la defensa del autogobierno implica respetar las competencias que son exclusivas del Estado. Critica lo que considera un uso excesivo del victimismo por parte del PNV y exhorta al partido nacionalista a centrarse en la gestión eficaz de las áreas ya bajo su responsabilidad.

Este cruce de declaraciones evidencia la polarización existente entre las distintas formaciones políticas en Euskadi, con cada uno defendiendo su interpretación de la independencia y la gestión política, mientras que la comunidad observa con preocupación las implicaciones prácticas de estas decisiones judiciales.