El 8 de julio en Bilbao, el Ejecutivo del País Vasco ha hecho hincapié en que el futuro de Talgo depende ahora de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), instando al gobierno central a mostrar una visión amplia y mayor flexibilidad para resolver la situación de la empresa.

En febrero, un consorcio vasco encabezado por Sidenor, junto con BBK, Vital y el propio Gobierno Vasco, logró un acuerdo preliminar con Trilantic para adquirir el 29,77% de Talgo por un total de 185 millones de euros.

El Gobierno de España, a través de la SEPI, había manifestado su compromiso para respaldar esta operación con un préstamo convertible que ascendería a aproximadamente 150 millones de euros, destinado a garantizar la estabilidad financiera de Talgo.

Sin embargo, posteriormente se planteó una reestructuración de la operación, sugiriendo que el Gobierno central cubriría 75 millones, mientras que el consorcio vasco asumiría la parte restante de la misma cantidad.

El departamento dirigido por Mikel Jauregi ha expresado este martes que el Gobierno Vasco ha estado dedicando esfuerzos significativos para avanzar en la adquisición de la participación de Talgo por parte del consorcio. Jauregi afirmó que se han cumplido todos los compromisos y que se han dado pasos decisivos para culminar la operación.

Desde el Ejecutivo también han subrayado que la responsabilidad de reencausar el proceso ahora recae en la SEPI, para atender así las necesidades financieras preestablecidas para Talgo.

El Gobierno Vasco ha mantenido un tono optimista, destacando la importancia de que todos los involucrados trabajen con una perspectiva amplia, para asegurar que Talgo permanezca en Euskadi y se puedan llevar a cabo las inversiones industriales imprescindibles para atender su amplia cartera de pedidos. En este sentido, el Ejecutivo ha reiterado su demanda de una mayor visión y flexibilidad en esta fase final de la operación.