Euskadi exige medidas urgentes ante la sequía que afecta al sector agrario y ganadero

Las comunidades autónomas de Euskadi, Navarra, Cantabria, Galicia y Asturias han presentado una postura conjunta ante el Gobierno central para hacer frente a la sequía de 2026. La falta de precipitaciones y las altas temperaturas han provocado una disminución significativa en la producción de pastos y forrajes, impactando gravemente en explotaciones ganaderas que dependen de modelos extensivos y forrajeros.

Este escenario ha obligado a las explotaciones a incrementar sus compras de forraje, generando sobrecostes que afectan su rentabilidad. La situación revela no solo un problema de corto plazo, sino también la necesidad de revisar las políticas y herramientas para adaptarse a un clima en cambio constante. La sequía se produce en un contexto de cambio climático que exige respuestas estructurales y urgentes.

Las comunidades han planteado ocho medidas al Ministerio de Agricultura para aliviar el impacto económico y mejorar la resiliencia del sector. Entre ellas, destacan ayudas extraordinarias para compensar el sobrecoste del alimento animal, la creación de un fondo solidario y la revisión de políticas sobre la gestión del agua y la zonificación climática. Estas acciones buscan proteger la continuidad de las explotaciones y garantizar su adaptación futura.

El Gobierno Vasco ha destacado que las propuestas buscan responder a una realidad climática que requiere una coordinación eficiente entre administraciones. El ministro Luis Planas ha anunciado que estudiará las medidas presentadas y trabajará en su incorporación, tanto en soluciones inmediatas como en reformas de largo plazo. La coordinación interinstitucional será clave para afrontar episodios similares en el futuro.

Este episodio de sequía refleja la vulnerabilidad del sector agrícola y ganadero en el norte peninsular, donde las condiciones climáticas adversas amenazan la estabilidad económica. La revisión de instrumentos y normativas será esencial para fortalecer la capacidad de respuesta y evitar que situaciones similares afecten la seguridad alimentaria y la economía regional. La perspectiva futura apunta a una mayor integración de medidas adaptativas y sostenibles en la política agrícola.