La reciente decisión del Tribunal Supremo respecto a la homologación de títulos extranjeros ha generado preocupación en el País Vasco, donde la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, ha presentado un balance alarmante: se estima que alrededor de 800 personas se verán afectadas por esta situación. La noticia ha causado revuelo, ya que muchos esperaban que el traspaso de esta competencia a la comunidad autonómica se llevara a cabo sin contratiempos.

En declaraciones realizadas en Radio Euskadi, Garmendia ha enfatizado la cooperación entre los Gobiernos central y vasco, subrayando que ambos trabajan juntos en un clima de confianza para explorar soluciones ante el abrupto giro de los acontecimientos judiciales. La delegada describió el fallo como “inesperado”, lo que pone de manifiesto la dependencia de políticas locales en decisiones que, según ella, fueron acordadas entre ambos gobiernos.

La delegada del Gobierno precisó que, de los 800 afectados, aproximadamente 200 tienen sus expedientes en espera en la comunidad, mientras que 600 más aguardan en la lista estatal por el ansiado reconocimiento de sus títulos. Para Garmendia, esta situación pone de relieve la importancia de una respuesta decidida que permita a estos individuos incorporarse al mercado laboral en Euskadi sin más dilaciones.

Además, Garmendia informó sobre su reciente reunión con el secretario general de Universidades, donde se discutieron medidas para abordar el problema y aliviar la carga que enfrenta este colectivo de profesionales. La funcionaria está convencida de que estas iniciativas comenzarán a dar frutos en el corto plazo.

En un contexto donde las decisiones judiciales pueden crear confusión acerca de la separación de poderes, Garmendia afirmó su firme creencia en este principio, aunque reconoció que ciertos fallos pueden parecer contradictorios con la noción de un Estado democrático de derecho.

Por otro lado, Garmendia también abordó la cuestión de seguridad en puertos y aeropuertos vascos, asegurando que el despliegue de la Ertzaintza no ha significado una reducción en la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en estas áreas. Estos cuerpos siguen llevando a cabo sus funciones esenciales de control de fronteras y seguridad, aliviando así cualquier preocupación sobre la eficacia de la vigilancia en estos puntos estratégicos.