La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha aclarado en una reciente rueda de prensa que la consulta pública abierta por el Gobierno central en relación a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell no es un procedimiento común. Para ella, este hecho refleja las carencias en el desarrollo de competencias del Estatuto de Gernika en el ámbito bancario.

Durante la sesión informativa, Ubarretxena manifestó su inquietud por la falta de influencia que las instituciones vascas tienen en este asunto, que afecta directamente a un banco con una notable presencia en Euskadi y que cuenta con miles de accionistas locales. La portavoz se mostró firme en su convicción de que Euskadi debería tener un papel en la toma de decisiones que impacten en su economía.

La portavoz destacó que la intención del Gobierno Vasco es que el BBVA amplíe su contribución a la economía de la región. Al referirse a la consulta pública, subrayó su carácter poco habitual, insistiendo en que esto pone de manifiesto un vacío en las competencias estatales que deberían permitir a las instituciones vascas participar activamente en decisiones de esta magnitud.

Ubarretxena se preguntó retóricamente si, dado que el BBVA tiene su sede en Euskadi, las autoridades locales no deberían tener voz en el proceso. Recalcó que las instituciones deberían poder influir en la OPA, dado que tiene implicaciones para la economía vasca y numerosos ciudadanos vascos están involucrados como accionistas.

La portavoz también mencionó que su gobierno está llevando a cabo un seguimiento continuo de la situación y confía en que los resultados de la operación no serán perjudiciales para la economía de la región ni para las entidades financieras que son esenciales en el proceso de reindustrialización en el que se encuentra Euskadi.

Finalmente, al ser cuestionada sobre una posible oposición del Gobierno Vasco a la operación, Ubarretxena subrayó que su administración se mantiene atenta a los desarrollos, asegurando que se espera un resultado que no comprometa la solidez económica y financiera de Euskadi en el contexto de su futuro industrial.