El Gobierno Vasco ha manifestado su postura contraria a la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) específico para la comunidad autónoma. Según el ejecutivo, esta propuesta vulnera competencias que son exclusivamente del Estado y, por lo tanto, la mejora de los salarios de los trabajadores vascos debería tratarse a través del diálogo social y el consenso.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha expuesto los fundamentos jurídicos que respaldan esta decisión, subrayando que la fijación del SMI es una potestad del Estado según lo estipulado en la Constitución Española. Este marco legal indica que, si bien el Estado tiene la responsabilidad de establecer la normativa básica, la ejecución puede ser manejada por las comunidades autónomas.

Torres también indicó que la ILP en cuestión implica al Parlamento Vasco para enviar una propuesta al Congreso de los Diputados, lo que atañe al reparto de competencias y sugiere que deberá tramitarse como ley orgánica o como norma que defina los lineamientos necesarios para su implementación.

El consejero también hizo hincapié en la necesidad de realizar un análisis exhaustivo sobre las repercusiones económicas y sociales de establecer un salario mínimo que varíe entre territorios, advirtiendo sobre los posibles efectos negativos que podría acarrear la desuniformidad en el mercado laboral vasco.

Se hace necesario considerar la unidad del mercado y la importancia de alcanzar un amplio consenso entre los diversos actores sociales, incluidos sindicatos, empresarios y administraciones tanto autonómicas como estatales. Torres remarcó que la economía vasca es diversa y que cualquier ajuste en los salarios debe ser prudente y respaldado por un diálogo colectivo.

El consejero enfatizó que una medida de este tipo no debería ser impulsada únicamente a través de una ILP, sino que exigen un proceso de concertación social y política fundamentado en el diálogo y un estudio riguroso de las consecuencias que podría traer consigo.

Asimismo, Torres instó a priorizar la negociación colectiva como la mejor vía para abordar la cuestión salarial. En este contexto, reiteró su llamado a promover el diálogo y el consenso entre todos los actores involucrados en la negociación.

Recordó que ya en marzo de este año, el Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley, respaldada por cerca del 90% de los legisladores, que instaba a los agentes sociales a alcanzar un acuerdo interprofesional sobre un SMI adaptado a la realidad del País Vasco.

El acuerdo de coalición entre el PNV y el PSE también menciona la promoción de un salario mínimo de negociación colectiva, subrayando la importancia del respeto a la autonomía de los agentes sociales en este proceso.

Torres expresó su deseo de que la próxima reunión en el Consejo de Relaciones Laborales entre Confebask y los sindicatos pueda abrir canales de diálogo que actualmente no existen, enfatizando que el conflicto no debe resolverse en los tribunales, sino mediante la negociación y el acuerdo.

En respuesta al apoyo que ha recibido la ILP, que según sus promotores cuenta con más de 130.000 firmas, Torres aclaró que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, se han validado 10.218 firmas, las cuales corresponden a ciudadanos inscritos en el censo electoral, indicando que solo estos son los que realmente respaldan la propuesta.