En el marco de la actual discusión sobre la descarbonización, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha hecho un contundente llamado a priorizar la tecnología sobre la ideología en este proceso. En su opinión, es vital realizar una transición energética "inteligente" que no comprometa el futuro del sector automotriz, que enfrenta desafíos significativos debido a decisiones políticas apresuradas.

Durante su intervención en el Foro Gipuzkoa, organizado por El Diario Vasco, Imaz se mostró optimista respecto a que no se implementarán prohibiciones sobre motores de combustión para el año 2035. No obstante, advirtió que cada año en el que no se tomen decisiones concretas podría resultar en un daño irreversible para la industria automovilística.

El ejecutivo expresó que espera una revisión de la reciente prohibición del motor de combustión, un movimiento que considera erróneo, y destacó que países como Alemania e Italia están presionando para revertir estas políticas. Junto a ello, enfatizó la necesidad de llevar a cabo la descarbonización desde una perspectiva que considere la competitividad y el desarrollo industrial.

Imaz propuso avanzar hacia una "transición más inteligente", sugiriendo que los cambios se realicen de manera más gradual y menos ideológica. Para él, la neutralidad tecnológica es un principio fundamental que debe ser restablecido, puesto que actualmente las decisiones en Europa parecen estar influenciadas por sesgos ideológicos que perjudican la innovación y el progreso.

Subrayó que es crucial no colocar la ideología por delante de la tecnología, ya que esto puede afectar gravemente la estructura industrial del país, especialmente en una región como Euskadi, donde el 20% del PIB depende del sector automotriz. Imaz reflexionó sobre cómo, hace apenas 15 años, los motores de combustión eran considerados lo más avanzado de la industria, y lamentó que ahora nos estemos volcando hacia tecnologías dominadas por otros países, como China.

A su juicio, es importante medir las emisiones de manera integral, considerando no solo las emisiones locales, sino también aquellas asociadas al ciclo de vida de los vehículos, desde su fabricación hasta su uso. Imaz argumentó que un vehículo diésel renovable tiene un menor impacto ambiental en comparación con un coche eléctrico, especialmente si se considera el mix energético de países como Alemania.

El ejecutivo también criticó las políticas fiscales que, según él, favorecen determinadas tecnologías de movilidad a expensas de la salud del sector automotriz, aunque reconoció que algunas iniciativas del Gobierno Vasco son un ejemplo positivo al ser tecnológicamente neutras. Ello, argumentó, permitiría disminuir las emisiones de vehículos más antiguos sin perjudicar la industria local.

Imaz propone que las ayudas para la compra de vehículos estén vinculadas a la descarbonización sin un sesgo tecnológico, permitiendo que cada consumidor elija el automóvil que prefiera. Destacó que la falta de claridad en las políticas actuales genera confusión entre los fabricantes sobre hacia dónde dirigir sus inversiones y la transición hacia la electrificación.

En relación a las zonas de bajas emisiones, Imaz sugirió que lo importante no es cuestionar la existencia de estas áreas, sino ofrecer a los poseedores de vehículos antiguos la posibilidad de adquirir coches más sostenibles, fomentando así la industria local y reduciendo las emisiones. Esto podría suponer una disminución significativa de las partículas contaminantes y mejorar la calidad del aire, un objetivo que considera debería ser prioritario.

Finalmente, Imaz insistió en la necesidad de evaluar el impacto ambiental completo de cada vehículo desde la producción hasta el final de su vida útil. Aunque respeta las decisiones de ciertos ayuntamientos en relación a los niveles de emisiones, reiteró que la renovación del parque automovilístico debe ser una prioridad para seguir avanzando en la descarbonización del sector.