VITORIA, 13 de noviembre. En una reciente reunión del Pleno del Parlamento Vasco, los partidos PNV, PSE-EE, PP y Vox se unieron para rechazar la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que proponía modificar la legislación estatal con el objetivo de que las comunidades autónomas pudieran establecer su propio Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta decisión dejó en evidencia la falta de consenso en torno a un SMI "autónomo" para Euskadi.

El resultado de la votación fue contundente: 44 votos en contra, provenientes de los cuatro partidos mencionados, y 27 a favor, representados solo por EH Bildu y Sumar. Con esta votación, la ILP no avanzará en el Parlamento autonómico, dejando a los defensores de la propuesta desilusionados.

La ILP, apoyada por sindicatos como ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, fue defendida por Mikel Lakuntza, secretario general de ELA. Lakuntza argumentó que el salario mínimo actual en España, fijado en 1.184 euros mensuales, no es suficiente para erradicar la pobreza y abogó por un SMI que sea decidido a nivel local, en lugar de en Madrid.

El líder de ELA insistió en que la propuesta, respaldada por 138.000 firmas, tiene como finalidad permitir que Euskadi fije un salario mínimo acorde a sus propias condiciones económicas. “Es esencial que los salarios de los trabajadores vascos se decidan aquí,” enfatizó durante su intervención.

Además, Lakuntza explicó que esta ILP busca establecer un camino político que lleve a la modificación del Estatuto de los Trabajadores en Madrid, permitiendo así que las comunidades autónomas puedan asumir esta competencia, según lo dispuesto en el artículo 27 del mencionado estatuto. “No hay ningún impedimento legal para llevar a cabo esta propuesta,” aseguró.

El dirigente de ELA criticó a Confebask, a quien acusó de ser el principal opositor a la propuesta, afirmando que muchas empresas se benefician de la precarización laboral. En su opinión, no tramitar esta iniciativa sería un “fraude antidemocrático”, dado que las ILP son una herramienta fundamental para que la ciudadanía participe en el proceso legislativo.

Por su parte, Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu, fue el único que intervino en el debate. Recordó que el Parlamento Vasco había aprobado anteriormente una moción a favor de un SMI propio, pero lamentó que no se hayan visto avances significativos desde entonces. Criticó la negativa a considerar la ILP como un obstáculo para el diálogo democrático.

El parlamentario de EH Bildu señaló que ante el "bloqueo" impuesto por Confebask, no se entiende por qué se rechaza una oportunidad para posibilitar el debate legislativo. Advertía que negarse a discutir una iniciativa popular es un tema serio en términos democráticos.

Markel Aranburu, del PNV, defendió en el turno de explicaciones que la solución adecuada reside en la negociación colectiva para establecer un SMI en Euskadi. Hizo hincapié en la importancia de fomentar el diálogo social en lugar de imponer decisiones y reiteró que corresponde a sindicatos y empresarios buscar un acuerdo.

Ekain Rico, del PSE, destacó que su partido está comprometido con la mejora de las condiciones laborales, pero mostró su desaprobación hacia la ILP, sugiriendo que permitir que cada comunidad autónoma establezca su propio SMI podría llevar a una desventaja competitiva y diferencias injustas entre trabajadores de distintas regiones.

Desde el PP, Álvaro Gotxi se opuso a fragmentar el SMI por territorios, argumentando que esto puede generar exclusión de muchos trabajadores del mercado laboral. Según su visión, establecer un salario mínimo diferente en Euskadi podría afectar negativamente la competitividad de las empresas en la región.

Por otro lado, Jon Hernández de Sumar expresó su apoyo hacia un salario vasco, considerando que es necesario para enfrentar el alto costo de vida en Euskadi. Sin embargo, se mostró escéptico respecto a la fórmula de la ILP, advirtiendo que podría permitir que algunas comunidades establecieran un salario inferior al mínimo estatal.

Amaia Martínez de Vox fue clara al señalar que, desde una perspectiva de coherencia política, es inapropiado respaldar la idea de un SMI distinto para Euskadi en comparación con el resto de España.