El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha instado al PNV a que deje atrás las excusas y no se deje llevar por lo que considera chantajes de empresas como Repsol. Según Matute, es crucial que los jeltzales se alineen con el gravamen a las energéticas propuesto para evitar que las haciendas vascas pierdan hasta 100 millones de euros. La próxima votación sobre el decreto energético, programada para el miércoles, es un punto de inflexión que podría determinar el futuro fiscal del País Vasco.

En un artículo de opinión, Matute defendió que la política debería guiarse por los principios de justicia fiscal, progresividad y bienestar social. Para él, estas son las bases sobre las que deben trabajar las formaciones políticas para conseguir que las administraciones públicas fomenten una mayor cohesión social. Al respecto, subrayó que la redistribución de la riqueza es fundamental y afirmó que es de sentido común que aquellos que más tienen contribuyan más al erario público.

Además, Matute recordó que EH Bildu se presentó a las elecciones con el mandato de impulsar dicho cambio y que están comprometidos con trabajar en esa dirección. Reiteró que existen partidos políticos que buscan proteger principios fundamentales en lugar de los intereses de grandes corporaciones. Esta declaración pone de manifiesto una percepción creciente entre algunos sectores de la sociedad que critican la falta de compromiso político hacia las clases populares frente a entidades financieras poderosas.

En relación a los beneficios obtenidos por las empresas energéticas, Matute mencionó que estas han acumulado cerca de 7.700 millones de euros en solo seis meses en 2024. Ante este panorama, se cuestionó la lógica de mimar a estas corporaciones. Matute citó las palabras del presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, quien afirmó que hay que escuchar a los líderes de estas empresas, sugiriendo que algunos dentro de la política parecen estar más dispuestos a ceder ante sus demandas que a defender los intereses de la ciudadanía vasca.

Matute expresó que este tipo de actitudes conlleva un grave riesgo para la reputación de la política ante los ciudadanos. Se cuestionó cómo podrían las administraciones justificar una política de generosidad hacia empresas que reportan beneficios multimillonarios mientras la mayoría de la población lucha por llegar a fin de mes. La paradoja es evidente y pone en tela de juicio la credibilidad de quienes toman las decisiones políticas en la región.

El representante de EH Bildu remarcó que el gravamen a las energéticas, que comenzó a aplicarse el 1 de enero, es un fruto de la presión ejercida por su coalición y un acuerdo con el Gobierno, el cual prevé su extensión hasta 2025. Este impuesto está diseñado para ser gestionado y recaudado por las haciendas vascas, lo que, según Matute, fortalece la soberanía fiscal del País Vasco.

Por lo tanto, Matute reiteró que el PNV debe abandonar sus excusas y apoyar el decreto en la votación del miércoles, ya que la comunidad vasca respalda dicha medida. De no hacerlo, y al ceder nuevamente ante las presiones de empresas como Repsol, serían los ciudadanos vascos y los servicios públicos quienes resultarían afectados directamente.

Asimismo, Matute recordó que los presupuestos vascos ya contemplan 67 millones de euros que se esperaban recaudar en 2025 gracias a este gravamen. Se preguntó retóricamente por qué, si realmente este impuesto representaba un peso para los vascos, lo incluyeron en los presupuestos del gobierno. Este argumento pone de relieve la inconsistencia en la postura del PNV sobre el asunto.

El representante de EH Bildu también advirtió que la oposición del PNV al mantenimiento de este impuesto podría generar un vacío de más de 100 millones de euros, impactando negativamente en las arcas tanto del Gobierno Vasco como del Gobierno de Navarra. Matute subrayó que esta decisión repercutiría directamente en la calidad de los servicios públicos, cuestionando cómo planea el PNV compensar ese déficit en ingresos y qué recortes se verían forzados a implementar.

Además, Matute planteó inquietudes sobre la soberanía fiscal y el respeto a la autonomía vasca. Se preguntó cómo se puede afianzar un concepto de autogobierno cuando se cede ante presiones de empresas que no tienen un lazo fiscal directo con la comunidad. Asimismo, se cuestionó la motivación detrás de la reticencia del PNV a aplicar el gravamen a las energéticas, cuando en 2022 apoyaron tal medida.

Finalmente, Matute concluyó que el panorama actual, caracterizado por el enriquecimiento continuo de las energéticas, debería incitar a un cambio en la política. Instó al PNV a rectificar su posición, denunciando que sus decisiones en torno a la fiscalidad energética podrían llevar a las haciendas vascas a perder hasta 100 millones de euros, algo que debe ser explicado a la ciudadanía. Resaltó la firme determinación de EH Bildu de no ceder ante las exigencias de las grandes empresas energéticas, reafirmando su compromiso con la defensa de la comunidad vasca.