En un evento que ha captado la atención de los medios locales, más de 2.000 personas se congregaron este domingo en una manifestación a través de la frontera entre Irun, en la provincia de Guipúzcoa, y Hendaia, en el territorio vascofrancés. El propósito de esta movilización fue protestar contra lo que sus organizadores consideran "políticas migratorias injustas" de la Unión Europea, así como la "criminalización de la solidaridad" con aquellas personas que buscan una mejor vida.

La marcha fue convocada por la plataforma J'accuse, a la cual se unieron diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas. Participaron representantes de formaciones como EH Bildu, EH Bai, Podemos Euskadi y Ezker Anitza-IU. Además, Amnistía Internacional Euskadi mostró su apoyo a la iniciativa, llevando a cabo una acción simbólica al encender bengalas sobre el puente peatonal conocido como Avenida de Irun.

El origen de esta movilización fue la acusación de siete individuos, quienes enfrentan juicio el próximo 28 de enero en Baiona. Estos acusados son señalados por haber asistido a 36 migrantes a cruzar la frontera en marzo, coincidiendo con la inauguración de la Korrika, evento popular destinado a promover el uso del euskera. Los cargos incluyen pertenencia a un grupo organizado y facilitar el cruce ilegal de la frontera.

A las 11:30 horas, la marcha partió del recinto ferial de Ficoba con destino a Hendaia, formando parte de una campaña de J'accuse que busca recoger autoinculpaciones en apoyo a los acusados. Activistas lamentaron que en los últimos años, se han producido "nueve muertes de migrantes" intentando atravesar esta frontera.

Durante el recorrido, los activistas de Amnistía Internacional secundaron la causa al encender bengalas sobre el citado puente, alineándose con una movilización que comenzó en Mallorca en 2016. Esta acción ha encontrado eco en 180 localidades de España, donde anualmente se iluminan torres y atalayas con antorchas para destacar la dramática situación que viven los migrantes.

Una notable representación de EH Bildu estuvo presente en la manifestación, incluyendo figuras como el europarlamentario Pernando Barrena y la portavoz del Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena. Estos oradores expresaron con firmeza su desacuerdo con las políticas que, en su opinión, causan la muerte de migrantes y reafirmaron su apoyo a quienes, siguiendo sus principios de solidaridad, ayudaron a estas personas. Al grito de "¡Porque nadie es ilegal, el País Vasco es un país acogedor!", reafirmaron su postura.

Una delegación de Podemos Euskadi también se unió a la marcha, encabezada por la coordinadora general adjunta, Maite Gartzia, junto a varios concejales y representantes institucionales. Estos firmaron la autoinculpación promovida por J'accuse en un acto que subraya su compromiso con los derechos humanos y su rechazo a la xenofobia y a las políticas migratorias que consideran ilegales y vergonzosas.

Gartzia, en su intervención, destacó la necesidad de enfrentarse a la xenofobia y criticó lo que describió como un "muro de la vergüenza" en la frontera irunesa. Este muro, según su argumentación, surge de un clima de xenofobia y clasismo que se manifiesta en las políticas migratorias europeas. Denunció que el Pacto Europeo de Migración y Asilo pone fin a la protección y asilo de las personas migrantes, convirtiendo la ilegalidad en una norma y elevando las barreras que llevan a tragedias humanas.

La activista concluyó su discurso subrayando que la migración no debe ser criminalizada, sino entendida como un derecho fundamental. Exhortó a rechazar cualquier narrativa que priorice argumentos económicos, políticos o de seguridad por encima de los derechos humanos, advirtiendo sobre la peligrosa adopción de un marco xenófobo auspiciado por la ultraderecha europea.

Por su parte, Ezker Anitza-IU también mostró su apoyo a la marcha, resaltando la necesidad de luchar contra las políticas racistas e ilegales que rigen las normativas migratorias en el continente. Entre sus representantes se encontraba Arantza González, coordinadora de Ezker Anitza-IU en Gipuzkoa y concejala en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, quien se unió a la causa para defender la acción realizada por los activistas acusados.