En el inicio de este nuevo período político, Sumar Mugimendua ha manifestado su apoyo a la instauración de un Salario Mínimo Interterritorial (SMI) específico para el País Vasco, así como a la implementación de una renta básica universal y el establecimiento de un robusto parque de vivienda pública.

Durante una rueda de prensa celebrada en su sede de Bilbao, la secretaria general del partido, Alba García, expresó su descontento con las propuestas del lehendakari Imanol Pradales, a quien acusó de intentar perpetuar un modelo que se ha agotado. García enfatizó que la actual situación de listas de espera y la conversión de la vivienda en un mero negocio han llevado a que Euskadi atraviese un momento de incertidumbre y desorientación.

La dirigente de Sumar Mugimendua criticó el enfoque de Pradales, repudiando lo que considera una actitud conformista disfrazada de estabilidad. Desde su perspectiva, es fundamental "abrir un nuevo camino" y no seguir aferrándose a un modelo que no satisface las necesidades de la ciudadanía.

García adujo que hay un creciente cansancio entre la población no solo por la rutina política, sino también por la falta de resultados tangibles. Los ciudadanos, según ella, están hartos de promesas vacías y de partidos que parecen más interesados en su propia existencia que en resolver los problemas reales que enfrentan.

A lo largo de su discurso, la secretaria general subrayó que Euskadi posee el potencial necesario para convertirse en un referente en justicia social y transición energética, pero que para lograrlo se requieren nuevas ideas, las cuales, mantuvo, brillan por su ausencia en el gobierno actual, al cual calificó de conservador. Abogó por una seguridad que garantice lo básico para todas las personas.

Sumar Mugimendua se ha comprometido a trabajar incansablemente para establecer un sistema público de cuidados, fomentar la gratuidad en el transporte público y crear un Salario Mínimo Interterritorial ajustado al coste de vida en la región. García argumentó que estos pasos son esenciales para garantizar que nadie se vea obligado a aceptar condiciones laborales indignas debido a la precariedad económica.

En relación con el problema de la vivienda, considerada como la mayor preocupación para la ciudadanía vasca, García planteó la necesidad de crear un parque público de vivienda que contemple la regulación de precios de alquiler y compra, así como la implementación de reformas fiscales dirigidas a aquellos que exorbitan las ganancias en el sector inmobiliario.

Respecto a la reciente declaración de Bilbao como zona de mercado residencial tensionado, la dirigente expresó sus dudas acerca de la voluntad del alcalde Juan Mari Aburto para fijar límites en los precios en todos los barrios de la ciudad, sugiriendo que esto podría ser solo un paso simbólico sin un compromiso real.

García mostró su escepticismo ante las ayudas gubernamentales que se presentan para facilitar la emancipación de los jóvenes, argumentando que estas son insuficientes y en muchos casos una mera transferencia de recursos a los arrendadores. Abogó por un enfoque más integral que garantice el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.

La formación considera que la definición de Bilbao como zona tensionada es un primer paso a seguir, pero enfatiza que no se debe continuar vendiendo suelo público a grandes inversores. El Gobierno municipal, según Sumar Mugimendua, debe asumir un compromiso mucho más firme para asegurar que la vivienda deje de ser un mero bien de mercado.

Por último, García destacó que el estatuto vasco ofrece a la "izquierda transformadora" la oportunidad de hacer oír su voz. Insistió en que sus propuestas deben centrarse en valores como el ecosocialismo, el feminismo y la justicia social, los cuales deben prevalecer en las discusiones futuras.

En cuanto a la crisis climática, la secretaria general subrayó que Euskadi, que está rezagada en el ámbito de las energías renovables, necesita un plan de desarrollo masivo y democrático en este sentido. La propuesta incluye mantener el control público y promover la reindustrialización verde para fortalecer la soberanía energética, proteger la industria local y crear empleos de calidad.