En un reciente encuentro en las Juntas Generales de Bizkaia, la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, ha salido al paso de las preocupaciones planteadas por EH Bildu respecto a la gestión de la planta de tratamiento mecánico biológico en el monte Arraiz. Esto se produce tras el anuncio de que la Inspección de Trabajo ha iniciado un procedimiento sancionador vinculado a la empresa UTE TMB Arraiz.

Atutxa señaló que, tras la intoxicación leve de un trabajador, las medidas preventivas implementadas son suficientes para evitar la repetición de incidentes similares. Este suceso tuvo lugar en octubre, cuando un operario mostró síntomas tras realizar labores de limpieza en un túnel de maduración, lo que llevó a una serie de cuestionamientos sobre la seguridad laboral en la instalación.

En su exposición, Atutxa aseguró que no se abrirá un expediente sancionador, afirmando que las acciones correctivas tomadas desde el incidente son adecuadas. Además, destacó que la evaluación de este incidente por parte de la mutua consideró que se trató de un accidente leve sin necesidad de baja laboral.

EH Bildu, sin embargo, considera que este hecho pone de relieve riesgos graves para la salud y seguridad de los trabajadores, señalando que las tareas de limpieza se llevaron a cabo sin los debidos mecanismos de medición de gases ni protocolos de prevención establecidos para estas actividades. El juntero Raúl Méndez afirmó que el trabajador afectado fue tratado en un centro médico debido a altos niveles de monóxido de carbono en su sangre.

Tras el evento, la Inspección de Trabajo tomó la decisión de iniciar un procedimiento sancionador el 21 de marzo, lo que ha generado un debate sobre la responsabilidad de la empresa en el control de las condiciones laborales.

Atutxa también reconoció que, aunque se busca que todo esté debidamente protocolarizado, imprevistos pueden suceder, enfatizando la relevancia de las comisiones de seguridad laboral. Reconoció que un incidente como este no debería ocurrir y reiteró la necesidad de medidas preventivas más efectivas por parte de la compañía.

Ante las inquietudes planteadas, la diputada confirmó que un nuevo protocolo ya está en vigor, aprobado y alineado con las recomendaciones de la Inspección, que incluye la necesidad de realizar mediciones de aire cada vez que un operario ingresa al túnel. Además, destacó que se ha contratado a una empresa externa para fortalecer la vigilancia sobre la salud de los empleados.

Finalmente, la diputada informó sobre las inversiones que la Diputación Foral de Bizkaia está ejecutando en la planta, las cuales, según sus palabras, se desarrollan de manera planificada para evitar interrupciones. En el último año, se destinaron 6,8 millones de euros a un plan de mejoras, incluyendo 2,7 millones en elementos de seguridad y casi 3 millones en la renovación de maquinaria.