El PSE rechaza el proyecto fiscal de Bizkaia que solo apoya el PNV en las Juntas

El proyecto de medidas fiscales para 2026 en Bizkaia continúa en tramitación, con apoyo exclusivo del PNV y rechazo del PSE-EE. La iniciativa, aprobada en el Consejo de Gobierno en septiembre, busca fortalecer el relevo generacional, la participación laboral y el acceso a la vivienda. Sin embargo, la oposición cuestiona su transparencia y acuerdo político subyacente.

Este contexto refleja las tensiones internas en el Gobierno foral, donde el PSE-EE ha manifestado su desacuerdo desde el inicio, advirtiendo que el texto no cuenta con consenso suficiente. La discrepancia se produce en medio de un acuerdo marco de septiembre que pretendía unificar criterios en los tres territorios vascos, aunque en Bizkaia el texto aprobado mantiene diferencias respecto a lo pactado en junio.

La oposición, incluyendo EH Bildu, PP y Elkarrekin, ha reclamado mayor claridad sobre los pactos políticos y las modificaciones del proyecto. EH Bildu denuncia que el texto no introduce cambios sustanciales respecto a las primeras versiones y critica que la norma favorece la privatización de servicios públicos esenciales.

Desde el PNV, se defiende la propuesta como un paso importante para afrontar los retos sociales y económicos de Bizkaia. La diputada Berrojalbiz ha insistido en que el proyecto es beneficioso y que se puede modificar en trámite para atender las preocupaciones de los grupos, siempre en línea con los objetivos de impulsar la economía territorial y la cohesión social.

El futuro del proyecto dependerá ahora del debate en las Juntas Generales, donde se abrirá el plazo de enmiendas. La tensión política y la falta de consenso podrían dificultar la aprobación definitiva, en un escenario que refleja las divergencias internas en el Ejecutivo vasco y el debate sobre la orientación fiscal en Bizkaia y el País Vasco en general.

Este proceso evidencia la dificultad de implementar reformas fiscales en un contexto de fragmentación política, donde los pactos y desacuerdos internos condicionan la gobernanza y la política tributaria del territorio. La próxima semana será clave para determinar si el proyecto logra avanzar o si se estanca en un escenario de confrontación.