El TSJPV anula el decreto de normalización del euskera por insuficiente estudio económico
El TSJPV anula el decreto para normalizar el euskera por falta de estudio económico, en un contexto de tensiones políticas y gestión presupuestaria.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el Decreto 19/2024, que buscaba promover el uso del euskera en la administración pública vasca. La decisión se basa en la falta de una memoria económica adecuada y exhaustiva, clave para su aprobación.
El decreto, aprobado en febrero, pretendía reforzar la presencia del euskera en el sector público, pero Vox interpuso un recurso alegando que no se realizaban estudios económicos suficientes para justificar la implementación de la normativa. El tribunal ha avalado esa denuncia, señalando que la memoria económica presentada carecía de la evaluación técnica necesaria.
El TSJPV destaca que la evaluación económica debía incluir estimaciones de costes y impacto financiero, aspectos que no estaban debidamente fundamentados en el decreto. La sentencia señala que la Oficina de Control Económico emitió un informe técnico que contrapone los informes favorables del proyecto, evidenciando reparos sobre su sostenibilidad financiera.
Este fallo tiene implicaciones políticas relevantes, ya que evidencia la dificultad de aprobar normativa basada en objetivos de normalización lingüística sin un respaldo económico sólido. La decisión también refleja las tensiones en el ámbito judicial respecto a la gestión del multilingüismo en la comunidad autónoma.
Desde el contexto político, el Gobierno vasco mantiene su apuesta por la promoción del euskera, pero este revés judicial puede ralentizar o modificar futuros proyectos en esta línea. La sentencia deja en evidencia la importancia de la evaluación económica en la aprobación de políticas públicas, en especial en un contexto de restricciones presupuestarias y debate sobre la cooficialidad.
De cara al futuro, la normativa podría ser reformulada para incorporar estudios económicos más rigurosos. Además, la decisión del TSJPV podría abrir un debate mayor sobre la relación entre política lingüística y sostenibilidad financiera en la comunidad autónoma vasca.