En un acontecimiento significativo en el ámbito de la vivienda, se ha dado a conocer que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha emitido una resolución por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la cual tiene implicaciones directas para el municipio de Errentería, ubicado en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco.

Este municipio se convierte en pionero en la región al ser el primero en ser declarado como zona de mercado residencial tensionado, lo que significa que se enfrenta a desafíos específicos en lo que respecta a la accesibilidad y disponibilidad de vivienda. Con esta inclusión, dos comunidades autónomas de España han visto a municipios bajo esta designación, ya que Cataluña también cuenta con áreas similares identificadas como tensionadas.

La resolución fue comunicada por el Ministerio y se basa en lo que estipula el artículo 18 de la Ley de Vivienda, con efectos que comenzarán a hacerse notar a partir de este viernes, 31 de enero. Este marco legal busca abordar de manera proactiva los problemas en el mercado de la vivienda.

Es importante destacar que la declaración de zona tensionada tendrá una duración de tres años, iniciando su cuenta a partir del día siguiente de la publicación. Durante este periodo, se espera que se implementen medidas concretas que respondan a la situación particular de Errentería en términos de oferta y demanda de vivienda.

Con la activación de esta normativa, se espera que las administraciones colabores estrechamente con el sector privado para generar propuestas que ayuden a incrementar la oferta de viviendas asequibles, no solo en Errentería, sino en su entorno inmediato. Este enfoque colaborativo es esencial para abordar las necesidades habitacionales que se han intensificado en los últimos años.

Además, la declaración habilita la posibilidad de formular e implementar medidas de financiación ajustadas específicamente a esta zona, con el objetivo de mitigar o incluso reducir los precios tanto de los alquileres como de las ventas de inmuebles. También se prevé la creación de ayudas públicas adicionales que se enmarcarán dentro del actual plan estatal de vivienda, garantizando que las iniciativas sean efectivas y se alineen con las necesidades del mercado en este territorio particular.