En un panorama de creciente preocupación por la gestión de la migración, el Lehendakari Imanol Pradales y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han solicitado la activación de un "mecanismo extraordinario" para la distribución de menores extranjeros no acompañados. Esta solicitud fue planteada en la reciente Conferencia de Presidentes, donde ambos líderes enfatizaron la necesidad de aumentar los recursos destinados a las redes de acogida en Euskadi y Canarias, que se encuentran en una situación crítica, sobre todo al ser consideradas "frontera Norte" y "frontera Sur" del Estado.

La esencia de la propuesta radica en que cada comunidad autónoma asuma una carga proporcional en función de criterios como la solidaridad demostrada en el pasado, la población, el PIB per cápita y los niveles de desempleo. Ambos presidentes abogan por una correcta aplicación del principio de "solidaridad y corresponsabilidad territorial", que debería guiar la cooperación entre el Gobierno central y las autoridades autonómicas en la gestión de esta crisis migratoria.

Este planteamiento conjunto, resultado de una reunión mantenida entre los equipos de los gobiernos vasco y canario en Vitoria, incluye una propuesta a ser debatida y aprobada en la Conferencia que se lleva a cabo en el Palacio de la Magdalena en Santander. Los líderes han puesto de relieve que la llegada de menores extranjeros no acompañados a España en el último año y medio ha generado una crisis alarmante en el sistema de acogida, obligando a abrir recursos de urgencia para atender a estos niños y adolescentes.

Pradales y Clavijo subrayan que la crítica situación que enfrentan no solo las comunidades fronterizas del sur, sino también Euskadi, resalta la urgencia de implementar un marco efectivo de solidaridad y corresponsabilidad. El texto que han elaborado destaca que el compromiso compartido entre el Gobierno central y las autonomías es fundamental para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas y los derechos de estos menores migrantes, evitando que la carga recae desproporcionadamente en una región específica.

En su análisis, señalan que el marco constitucional actual establece una distribución competencial que debe orientarse hacia la colaboración y coordinación entre administraciones, enfatizando la prioridad del interés superior del menor. De este modo, insisten en que es fundamental que el Gobierno de España implemente este mecanismo extraordinario para mejorar las condiciones críticas en las que se encuentran Canarias y Euskadi, asegurando así la protección de estos jóvenes en situación vulnerable.

El posicionamiento conjunto del Gobierno vasco y el Gobierno canario pone de manifiesto que la administración central tiene la responsabilidad de garantizar una distribución equitativa y efectiva de los menores migrantes, proporcionando los recursos necesarios para asegurar su bienestar y adaptación a sus derechos humanos fundamentales. Por ello, exigen la creación de un sistema que facilite un reparto justo de fondos, tanto estatales como europeos, junto a una colaboración entre los ministerios implicados para hacer frente a esta crisis de manera adecuada.

Los líderes regionales consideran que es imperativo que se asignen recursos financieros extraordinarios, asegurando que los sistemas de acogida y reintegración sean no solo eficientes, sino también adaptados a las necesidades individuales de cada menor. En este sentido, argumentan que la respuesta a este desafío va más allá de la mera distribución de recursos; se trata de un compromiso con la cohesión social y política que involucra a todas las comunidades autónomas, alineándose con sus capacidades y recursos disponibles.

Asimismo, la propuesta incluye la necesidad de un "Plan Estratégico de Migración" que contemple planificación a largo plazo, evaluación de diferentes escenarios y recursos económicos reales, con el fin de abordar de forma estructural el fenómeno migratorio. Cabe destacar que, tras el cierre de la frontera entre España y Francia, la presión migratoria ha aumentado, enfatizando la petición de una mayor asignación de recursos para proporcionar atención digna a quienes transitan por estas comunidades.

Ante el aumento del número de menores no acompañados en Euskadi y Canarias, plantean la imperiosa necesidad de una distribución equilibrada, ordenada y justa entre las autonomías, con un enfoque claro en la transparencia y previsibilidad para facilitar la gestión de recursos. La propuesta se basa en cinco indicadores clave que reflejan las capacidades de cada comunidad, incluyendo la población total, el promedio de menores acogidos, el PIB per cápita y las tasas de desempleo.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Canarias y respaldada por el Ejecutivo vasco, se implementará en un plazo no mayor a tres meses, y se prevé que se establezca un debate adicional para ajustar los coeficientes que regirán la asignación de responsabilidades en el futuro. La idea es que cada comunidad asuma la carga que corresponde a sus capacidades, propiciando al mismo tiempo un marco normativo claro para la planificación en la atención de menores extranjeros no acompañados.

Además, plantean la necesidad de reforzar la cooperación con los países de origen de estos menores, aprovechando las posibilidades que ofrecen las leyes actuales para fomentar proyectos que permitan a estos jóvenes llevar a cabo sus proyectos de vida en sus propias naciones, y promoviendo además una migración ordenada. Por último, abogan por establecer mecanismos de intercambio de experiencias, información y prácticas exitosas que faciliten el acceso a empleos tanto en sus países de origen como en los de destino.