Gobierno Vasco citará a la oposición desde el 11 para discutir propuestas presupuestarias "viables".

En un escenario político marcado por la incertidumbre y la necesidad de consenso, el consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou, ha convocado a los partidos EH Bildu, PP y Sumar a una serie de reuniones que comenzarán el próximo 11 de noviembre. Su objetivo es buscar un acuerdo sobre los presupuestos para el año 2025. D'Anjou ha hecho un llamado a la oposición para que actúe con "altura de miras" y presente propuestas que sean "concretas, viables y realistas". Sin embargo, las voces opositoras han manifestado sus "dudas" sobre la viabilidad de las cuentas presentadas y han cuestionado si estas serán efectivas para abordar los retos más acuciantes que enfrenta la comunidad autónoma.
Este lunes, d'Anjou ha iniciado la presentación del proyecto de presupuesto ante el Parlamento Vasco, donde cada consejero expondrá las previsiones financieras de su departamento. En este contexto, el consejero ha reiterado las líneas fundamentales del proyecto, el cual fue dado a conocer la semana anterior después de ser aprobado en el Consejo de Gobierno. El presupuesto total asciende a 15.728 millones de euros, contemplando un déficit del 0,3%, situación que, según ha explicado, se debe a que los procedimientos estatales para establecer objetivos de estabilidad presupuestaria aún están en desarrollo.
El consejero ha recordado que esta falta de conclusión ha impedido que la Comisión Mixta del Concierto Económico se reúna para definir de forma bilateral los límites de déficit y endeudamiento aplicables a las instituciones vascas. No obstante, ha asegurado que el Gobierno Vasco sigue comprometido en trabajar junto al Ministerio de Hacienda para concretar esos objetivos definitivos.
Dentro del proyecto, el Gobierno mantiene los ingresos derivados de gravámenes energéticos, que ascendieron a 67 millones de euros, y de entidades de crédito, con 52 millones. D'Anjou también ha destacado que, inmediatamente después de la aprobación del presupuesto, se conocieron las enmiendas de los grupos parlamentarios en el Congreso sobre el proyecto de Ley del Impuesto Complementario, las cuales podrían alterar los gravámenes temporales actuales, transformando el impuesto de entidades de crédito en un nuevo tributo para las entidades financieras.
El consejero mostró satisfacción por la eliminación de los gravámenes temporales que, según él, eran "prestaciones patrimoniales de carácter no tributario" y que, a su juicio, eran "cuestionables". Ahora, sostiene, se han regulado a través de nuevos impuestos que requieren concertación y regulación dentro del marco del Concierto Económico, convirtiéndose en parte de los ingresos ordinarios de las instituciones vascas.
Referente a los aspectos sociales del presupuesto, el consejero ha apuntado que, basándose en el último dato publicado por el INE sobre el Índice General de Precios al Consumo, el incremento anual del IPC es del 1,5%, lo que resulta en un aumento en la base de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de 560,45 a 568,85 euros. Se ha establecido, además, una cuantía fija de 300 euros mensuales tanto para la Prestación Complementaria de Vivienda como para la Prestación Económica de Vivienda.
En cuanto a programas específicos, se ha fijado el importe máximo para la contraprestación por la cesión de viviendas del programa 'Bizigune' en 675 euros mensuales. Entre las novedades anunciadas, tres disposiciones adicionales permitirán que Osakidetza convoque excepcionalmente una oferta pública de empleo para cubrir puestos en atención primaria, así como actualizar los límites máximos del índice corrector de la RGI.
El departamento de Hacienda y Finanzas también tendrá la facultad de llevar a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias debido a la reorganización administrativa de la Administración general. En este sentido, la partida más considerable del Departamento de Hacienda y Finanzas está destinada a la aportación al Instituto Vasco de Finanzas, con 57 millones de euros. Además, se asignan 810.000 euros extras para cubrir el coste de recaudación en vía ejecutiva, lo que eleva la cuantía total a 5,7 millones de euros.
D'Anjou ha enfatizado su intención de utilizar la política financiera como una herramienta para fomentar el desarrollo económico y el arraigo, en estrecha colaboración con otros departamentos. Señaló que el IVF será clave para implementar políticas públicas, destacando iniciativas como el apoyo a la compra de vivienda entre los jóvenes.
A la vez, el Gobierno desarrollará mecanismos de financiación en diversos ámbitos, poniendo énfasis en mejorar el uso del fondo de arraigo Finkatuz. Según el consejero, este proyecto no es un punto de partida en blanco, sino el resultado de un proceso de escucha y consenso que ha tenido lugar desde junio, involucrando a partidos políticos, sindicatos y actores de la sociedad civil para construir un presupuesto con bases sólidas.
De cara a las próximas intervenciones en el Parlamento, d'Anjou ha señalado que iniciará un periodo de "contraste" con los partidos Sumar, PP y EH Bildu para explorar alianzas que fortalezcan el proyecto. En este marco, ha reiterado su invitación a la oposición a actuar con "altura de miras" y presentar propuestas que sean realmente constructivas, recordando que las decisiones presupuestarias que se tomen son cruciales para el futuro de los servicios públicos y las transformaciones necesarias en la comunidad.
El consejero ha dejado claro que, a pesar de que el Gobierno cuenta con la mayoría absoluta para asegurar la aprobación de los presupuestos, su meta es "ampliar" el apoyo al proyecto, manteniéndose "abierto al diálogo y a la negociación". Desde la oposición, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha manifestado sus inquietudes sobre las previsiones de recaudación, sugiriendo que sería necesario realizar una profunda reflexión sobre el modelo fiscal para garantizar la calidad de los servicios públicos.
Por su parte, el representante del PP, Álvaro Gotxi, ha criticado las proyecciones económicas que han sustentado el diseño del presupuesto, calificando el proyecto como algo "frágil". Desde la bancada de Sumar, Jon Hernández ha señalado que los prometedores anuncios del Gobierno contrastan con un crecimiento "menor" en comparación con el presupuesto de 2024 respecto a 2023.
Los aliados del Gobierno también han realizado declaraciones positivas. Alaitz Zabala, del PNV, ha asegurado que el presupuesto refleja que el Gobierno tiene "las ideas claras" y propone "herramientas y financiación" para alcanzar sus objetivos, mientras que Susana Corcuera, del PSE-EE, ha destacado que el proyecto busca priorizar el bienestar de la ciudadanía y fomentar el crecimiento económico en la comunidad autónoma.
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