Crónica País Vasco.

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Gobierno vasco elige proyecto Green Capital Power para un nuevo parque eólico en Álava y Gipuzkoa.

Gobierno vasco elige proyecto Green Capital Power para un nuevo parque eólico en Álava y Gipuzkoa.

En una decisión que refuerza el compromiso del Gobierno Vasco con las energías renovables, se ha anunciado la selección del proyecto 'Jarindo', propuesto por la empresa Green Capital Power S.L., para la construcción de un parque eólico en varias localidades de Álava y Gipuzkoa. Este proyecto abarca los municipios de Aramaio y Legutio en Álava, así como Eskoriatza y Leintz-Gatzaga en Gipuzkoa.

Según la publicación del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) con fecha del 9 de febrero de 2024, Green Capital Power S.L. intervino en el proceso al solicitar la autorización administrativa previa para llevar a cabo el anteproyecto 'Jarindo'. La importancia de esta etapa es notable, ya que sienta las bases para el desarrollo de una infraestructura que promete favorecer la transición energética en la región.

El Gobierno Vasca, en cumplimiento del artículo 4 del Decreto 115/2002 del 28 de mayo, sometió dicha solicitud a un periodo de información pública, permitiendo así que otros interesados pudieran presentar propuestas en un marco de competencia. No obstante, el resultado de este proceso fue que no se registraron solicitudes adicionales que pudieran competir con el anteproyecto presentado por Green Capital Power S.L., lo que condujo a la confirmación de su elección por parte de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración industrial del Gobierno Vasco.

Como siguiente paso en esta importante iniciativa, se estipula que Green Capital Power deberá presentar toda la documentación requerida para la tramitación de la autorización administrativa previa en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la notificación individual de la resolución, la cual se dio a conocer este miércoles. Además, cabe destacar que aquellos que puedan estar en desacuerdo con la resolución tendrán la posibilidad de interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes, asegurando así un espacio para la participación ciudadana en la toma de decisiones referentes al desarrollo energético de la región.