Huelga en Euskadi: CCOO y CSIF de Justicia reportan un 90% de seguimiento y denuncian un gran deterioro en los juzgados.
Los sindicatos CCOO y CSIF han llevado a cabo una concentración este viernes en el Palacio de Justicia de Bilbao, con el objetivo de emplazar a los funcionarios judiciales a seguir presionando al Ministerio con la huelga indefinida que comenzaron el pasado lunes, día 17. Calculan que la huelga está siendo secundada por un 90% de la plantilla en Euskadi.
Según los sindicatos, los juzgados están en una situación muy deteriorada, ya que arrastraban desde hace tiempo problemas que se han recrudecido con la pandemia y el posterior paro de dos meses de los Letrados de la Administración de Justicia y ahora con su huelga. Pedro Iglesias, el coordinador de CCOO en Bizkaia, ha asegurado que la reunión de ayer del comité de huelga con el Ministerio "fue bastante decepcionante". "Las ofertas que se trasladaron no cubren todas las expectativas, pero es un primer paso y creemos que puede llegar a algo mientras mantengamos la presión ante el Ministerio", ha añadido.
Para el sindicalista, es de justicia que se les aplique una subida salarial después de un incremento de funciones, "cuando a otros funcionarios que representan el 7% de la Administración de Justicia --los LAJ-- se les ha subido el salario por unas funciones que normalmente delega en los funcionarios de los cuerpos generales".
El paro ha sido convocado por CCOO, CSIF, UGT y STAJ en todo el Estado, aunque en la Comunidad Autónoma Vasca solo los dos primeros sindicatos tienen representación en el sector de Justicia. Estas centrales sindicales han denunciado que el Gobierno "ha tratado como funcionarios de segunda al 93% del personal de la Administración de Justicia que llevan el peso fundamental del trabajo, elevando retribuciones solo al 7% restante (el cuerpo de LAJ)".
Por ello, instan al Ministerio a que plantee una propuesta sobre las reivindicaciones para abrir la negociación colectiva y solucionar este conflicto a la mayor brevedad. Sus reivindicaciones pasan por aumentos retributivos de entre 350 y 430 euros, el reconocimiento de las funciones que realmente realiza cada uno de los cuerpos funcionariales, y la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley orgánica de eficiencia organizativa hasta que se logre un acuerdo.