El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, se encuentra en el punto de mira de la Audiencia Nacional, liderada por el juez Francisco de Jorge, debido a sospechas de contrabando y posible complicidad en delitos de lesa humanidad relacionados con la venta de acero a la Israel Military Industries (IMSI), todo ello sin la autorización pertinente del Gobierno español.

Esta información fue divulgada recientemente por el propio tribunal, que también mencionó que otros dos directivos de la empresa están siendo investigados. Se argumenta que estos directivos estaban al tanto de la naturaleza armamentista del fabricante israelí y de la finalidad del material vendido, el cual sería utilizado en la producción de armamento.

Según la Audiencia Nacional, la transacción de acero se realizó sin haber completado los procesos administrativos requeridos, lo que se confirma gracias a un informe de la Comisaría General de Información, fechado el 10 de septiembre. Este documento alega que se omitieron los registros necesarios para llevar a cabo la venta legalmente.

El juez de la causa sostiene que los eventos ocurridos en Gaza son bien conocidos, respaldados por la cobertura que ofrecen los medios y las acusaciones provisionales formuladas por el Tribunal Penal Internacional. Además, se han recibido quejas de figuras como la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

En su análisis, el juez también señala a Clerbil SL, la entidad administradora de Sidenor Holdings Europa, como potencialmente responsable por los hechos investigados. Sin embargo, por el momento no se atribuirá la condición de investigada a Sidenor Aceros Especiales SLU, considerando el papel activo de sus empleados en denunciar y frenar las actividades presuntamente ilícitas.

En virtud de la Directiva (UE) 2019/1937 y la ley 2/2023, que protege a quienes informan sobre irregularidades, se ha decidido otorgar asistencia legal a las personas jurídicas que podrían desempeñar un papel de informantes. Esto se justifica, según el tribunal, por el hecho de que tal medida no afectará a la empresa mientras se protege a sus empleados.

Después de levantar el secreto del sumario, se ha programado la declaración de los tres imputados para el 12 de noviembre, una acción que surge tras una denuncia presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa. El juez considera que estos hechos podrían constituir un delito de contrabando y, adicionalmente, complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio, según lo estipulado en el Código Penal español.