Pradales y Clavijo solicitan mayor implicación regional en el Pacto de Migración Europeo

El Lehendakari Imanol Pradales y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para exigir una mayor participación de las autoridades regionales en la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. La petición surge en un contexto de preocupación por la falta de diálogo formal con el Gobierno central español en materia de gestión migratoria.

El Pacto Europeo, aprobado en 2023, busca modificar aspectos clave en la gestión de las llegadas, fronteras, protección internacional y mecanismos de solidaridad. Sin embargo, las comunidades autónomas, especialmente Euskadi y Canarias, denuncian que no han sido involucradas en la planificación ni en el seguimiento de las políticas que afectan directamente a sus territorios.

Estas comunidades representan realidades distintas: Canarias, frontera exterior de la Unión Europea en la Ruta Atlántica, y Euskadi, frontera norte del Estado, en tránsito hacia Europa. La falta de coordinación ha generado incertidumbre en recursos de acogida y en la atención a menores migrantes, además de dificultar la planificación y la distribución de responsabilidades.

Desde las instituciones regionales advierten que la ausencia de un diálogo efectivo puede afectar la eficacia y la protección de derechos fundamentales. Además, reclaman mayor transparencia en la gestión de instalaciones vinculadas al Pacto, que hasta ahora operan sin un control adecuado por parte de las autoridades locales y autonómicas.

El contexto político en España, marcado por tensiones en torno a la gestión migratoria y la distribución de competencias, refuerza la necesidad de una estrategia consensuada que incluya a las comunidades. La petición de Pradales y Clavijo busca abrir un espacio de diálogo que garantice una gestión migratoria más coordinada y efectiva, alineada con los principios europeos de solidaridad y subsidiariedad.

De cara al futuro, la intención de las comunidades autónomas es que la aplicación del Pacto sea un proceso participativo y transparente. La participación activa de las regiones en la toma de decisiones puede fortalecer la cohesión territorial y asegurar una protección más eficaz a las personas migrantes, en un contexto de migración que, según expertos, dejó de ser coyuntural para convertirse en un desafío estructural.