En un reciente anuncio, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha hecho oficial la clasificación de varias localidades vascas como áreas de mercado de alquiler tensionado. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado, incluye a Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Astigarraga y Usurbil, y entrará en vigor a partir del día de mañana, viernes.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, argumenta que esta medida contribuirá a frenar los aumentos desmesurados en los precios de los alquileres. Según sus declaraciones, los nuevos contratos en las ciudades afectadas deberán basarse en los precios del contrato anterior, lo cual, a su juicio, garantiza una mayor estabilidad para los inquilinos.

De acuerdo a la última resolución, además de las ciudades mencionadas, se unen a esta lista los municipios de Astigarraga y Usurbil, mientras que Bilbao y Vitoria-Gasteiz se convierten en dos de las tres capitales de Euskadi que ya están bajo esta regulación. Cabe recordar que San Sebastián fue incluida en esta categoría durante el verano.

El Ministerio ha subrayado que la Ley de Vivienda establece un mecanismo específico para controlar los precios en aquellas áreas donde se han registrado aumentos "desproporcionados" en los años recientes.

A partir de este viernes, todos los nuevos arrendamientos en las zonas clasificadas deberán adherirse a los precios estipulados por los contratos anteriores, previniendo así nuevas subidas injustificadas.

Además, se ha indicado que las administraciones públicas tienen la obligación de desarrollar un plan de medidas urgentes que busque aumentar la oferta de viviendas en alquiler. El objetivo es que, en un plazo de tres años, se consigan revertir las condiciones del mercado de alquiler en estas áreas.

Según el Ministerio, la implementación de estas zonas no solo beneficia a los inquilinos, sino que también apoya a los pequeños propietarios que, actuando como buenos arrendadores, se comprometen a alquilar sus propiedades dentro del marco de referencia establecido.

Hasta la fecha, un total de 304 municipios en cuatro comunidades autónomas se encuentran bajo esta declaración, que abarca Catalunya, Euskadi, Navarra y Galicia, según la información proporcionada por el Ministerio de Vivienda.