El pasado 17 de junio en Bilbao, el Consejo de Ministros español dio un paso significativo al ratificar un Real Decreto que permitirá a la comunidad autónoma del País Vasco gestionar las autorizaciones laborales para ciudadanos extranjeros. Esta decisión, según el Partido Nacionalista Vasco (PNV), se enmarca dentro de los objetivos establecidos en el acuerdo de investidura.

Este decreto, que surgió a raíz de deliberaciones en la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y el Gobierno Vasco el 6 de marzo, contempla un amplio rango de trámites. Entre ellos se incluyen las autorizaciones iniciales de trabajo tanto por cuenta propia como ajena, además de permisos para empleo estacional y gestiones relacionadas con la contratación en origen. Se espera que estas medidas entren en vigor el 1 de julio de 2025.

Además, el decreto establece la creación de una Comisión de Seguimiento. Esta entidad se enfocará en asegurar que se realice el traspaso de funciones de manera efectiva y facilitará la colaboración entre las administraciones mediante el uso de plataformas digitales y el intercambio de información.

Paralelamente, el Consejo de Ministros aprobó también la asignación de mayores responsabilidades al País Vasco en materia de inspección laboral, lo que reforzará el proceso de autorización para trabajadores extranjeros.

Maribel Vaquero, portavoz del Grupo Vasco, destacó la lucha de su formación en Madrid para salvaguardar los intereses de Euskadi. Indicó que la materialización de estos acuerdos representa un avance hacia el cumplimiento del pacto de investidura, el cual tiene como meta principal continuar alcanzando estos objetivos durante la legislatura.

En relación a otro punto del día, se discutió un nuevo Real Decreto que aborda el procedimiento de compensación económica para las víctimas del amianto. El Grupo Vasco se ha comprometido a evaluar cuidadosamente los criterios, las cuantías y los beneficiarios de dichas compensaciones, asegurándose de que realmente aborden las necesidades de quienes han sufrido los efectos nocivos de esta sustancia.

El PNV recordó que viene demandando desde 2022 al Gobierno central la implementación de este sistema de compensación, a raíz de la Ley que estableció un fondo para las víctimas del amianto. Esta medida fue impulsada gracias a la labor legislativa del Parlamento Vasco, donde se destacó el papel de Maitane Ipiñazar, quien es actualmente miembro del EBB.