El Gobierno Vasco aclara que la mujer desahuciada en Bilbao tenía ingresos y acumulaba deudas desde 2017

El pasado martes, una mujer fue desalojada en el barrio bilbaíno de Atxuri tras un proceso judicial que lleva años en marcha. Según el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, la afectada acumulaba una deuda elevada por impagos desde 2017, a pesar de contar con ingresos que le permitían abonar la renta. La vivienda, gestionada por Alokabide, mantenía un alquiler muy bajo, pero la mujer no cumplió con sus obligaciones.

Desde el Gobierno Vasco se señala que, en situaciones de vulnerabilidad demostrada, la política de vivienda busca evitar desalojos forzosos, siempre que la persona pueda justificar su imposibilidad de pago. En este caso, se intentó gestionar soluciones con los Servicios Sociales, sin éxito. La decisión de proceder al desalojo fue tomada por un juez, en un proceso judicial que ya tenía años en marcha.

Este incidente pone sobre la mesa la gestión del parque público de viviendas en la comunidad. Actualmente, hay más de 110.000 viviendas en la cartera del Gobierno Vasco pendientes de asignación. La necesidad de gestionar con rigor estos recursos es prioritaria para evitar situaciones similares en el futuro. La administración insiste en que no desahucia a quienes demuestran vulnerabilidad y no pueden pagar.

El caso evidencia también las tensiones existentes entre la obligación legal, la protección social y la gestión de recursos públicos. La respuesta de las instituciones refleja un equilibrio complejo entre la protección de derechos y la necesidad de mantener la sostenibilidad del parque de viviendas sociales. La fiscalización judicial asegura que las decisiones sean objetivas y ajustadas a derecho.

De cara al futuro, la política de vivienda en Euskadi continúa enfrentándose al reto de prevenir desalojos y facilitar el acceso a la vivienda. La administración trabaja en programas que refuercen el apoyo a las personas en situación vulnerable, a la vez que mantiene una gestión eficiente del parque público. La clave será fortalecer los mecanismos preventivos y la coordinación con los servicios sociales.