El Gobierno Vasco asegura la protección permanente de 510 VPO en Benta Berri

El Gobierno Vasco ha alcanzado un acuerdo para adquirir el derecho de superficie sobre 510 viviendas protegidas en el barrio donostiarra de Benta Berri. La operación, valorada en 100 millones de euros, garantiza que estas viviendas mantendrán su condición de VPO hasta al menos 2069, más allá del vencimiento actual en 2028. Los inquilinos podrán permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler protegido, en un contexto de creciente tensión en el mercado de alquiler en la región.

Este acuerdo se produce en un momento en que las políticas de vivienda en Euskadi buscan estabilizar el mercado y evitar la pérdida de protección social en barrios con alta demanda. La gestión de viviendas de protección oficial en el País Vasco ha sido un tema clave en la agenda política, especialmente ante la dificultad de acceder a alquileres asequibles en zonas urbanas consolidadas. La compra del derecho de superficie por parte del Gobierno refuerza su papel como gestor y garante del parque de vivienda social.

La implicación política de esta operación responde a la necesidad de frenar la desprotección de viviendas en manos de fondos de inversión internacionales, como Blackstone, que gestionan derechos de superficie en varias ciudades del Estado. La iniciativa también busca garantizar derechos a los inquilinos, evitando desahucios o desplazamientos forzados. Además, la medida refuerza el compromiso del Ejecutivo con la protección social y la estabilidad en el alquiler.

Desde una perspectiva futura, la operación sienta un precedente para otras iniciativas de protección de vivienda en Euskadi. La negociación, calificada como «histórica» por las autoridades, refleja la voluntad de fortalecer la gestión pública del parque de viviendas y ampliar el catálogo de viviendas protegidas. La continuidad en la protección y la gestión pública apunta a una mayor estabilidad social y a la recuperación de viviendas en manos privadas para la protección social.

Este movimiento también responde a la tendencia de incrementar el stock de viviendas con protección oficial en Euskadi, en un contexto de incremento de la demanda y la tensión en el mercado de alquiler. La recuperación de viviendas protegidas en manos del sector público pretende ofrecer soluciones sostenibles a largo plazo y reducir la vulnerabilidad de los inquilinos en un mercado cada vez más competitivo y desigual.