El Gobierno Vasco lanzará en diciembre una licitación para atraer socios al Fondo Social por la Vivienda

El Ejecutivo vasco anunciará en diciembre la apertura de una licitación pública para incorporar inversores privados en el Fondo Social por la Vivienda (FSV). Este fondo pretende movilizar hasta 2.000 millones de euros para la construcción de 10.000 viviendas protegidas en los próximos ocho años, complementando la oferta pública existente.

La iniciativa responde a un contexto en el que la demanda de vivienda en Euskadi supera la capacidad de la promoción pública y la inversión tradicional. Con más de 100.000 demandantes en el registro Etxebide y una población que proyecta la creación de 100.000 nuevos hogares en 12 años, las autoridades buscan ampliar la escala de la producción de vivienda asequible.

El fondo se configura como un instrumento de financiación privada, con participación mayoritaria del sector privado y un marco que evita que su deuda quede incluida en la deuda pública. La estrategia incluye ceder suelo público en derecho de superficie durante 75 años, con condiciones de acceso y rentas reguladas, y cuenta con el apoyo de instituciones europeas como el Banco Europeo de Inversiones y el ICO.

Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia que incluye reserva de suelo, industrialización de la construcción y declaración de zonas tensionadas en colaboración con los ayuntamientos. La intención es responder a una problemática que afecta no solo a colectivos vulnerables, sino también a trabajadores y familias con ingresos medios, quienes enfrentan la expulsión de sus municipios por la falta de oferta asequible.

El Fondo Social por la Vivienda no solo busca ampliar la cantidad de viviendas en alquiler a precios accesibles, sino también atraer inversión estable a largo plazo. La primera cartera incluye más de 2.000 viviendas en nueve municipios, con una inversión estimada de 452 millones de euros, y se prevé que movilice recursos en todos los ámbitos del sector.

Este proyecto refleja un cambio en la política de vivienda del País Vasco, que busca combinar recursos públicos y privados para afrontar un reto estructural. La iniciativa también evidencia la voluntad del Gobierno Vasco de promover alianzas estratégicas para garantizar el acceso a la vivienda en un contexto de crecimiento demográfico y urbanístico sostenido, y de responder a las demandas sociales de una sociedad en transformación.