El consejero de Universidades ha declarado que existe un entendimiento "verbal" entre el Gobierno central y el vasco, el cual aún necesita ser formalizado por escrito.

VITORIA, 9 de mayo. En un desarrollo reciente, tanto el Gobierno de España como el del País Vasco han discutido un acuerdo verbal con el fin de aliviar la situación de aquellos individuos que se han visto afectados por la anulación del traspaso de competencias relacionadas con la homologación de títulos universitarios extranjeros a Euskadi. Según Juan Ignacio Pérez, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, este pacto tiene como objetivo evitar costos y trámites adicionales para los solicitantes, así como proteger la antigüedad de sus solicitudes.

Durante el pleno de control en el Parlamento Vasco, Pérez respondió a las inquietudes planteadas por EH Bildu sobre la reciente decisión del Tribunal Supremo, que dejó en suspenso la transferencia de la mencionada competencia al País Vasco.

El parlamentario de EH Bildu, Ayem Oskoz, criticó la situación actual, señalando que la decisión del tribunal ha dejado en un estado de "bloqueo" las solicitudes de homologación de cientos de residentes en la región.

Ante el anuncio de un acuerdo por parte del consejero, Oskoz mostró su satisfacción pero enfatizó la necesidad de que esta buena intención se materialice en un documento oficial.

Pérez, por su parte, subrayó que su departamento ha presentado tres propuestas al Gobierno central para abordar esta problemática. Una de ellas contempla que las solicitudes de homologación que ya se han presentado al Gobierno Vasco puedan ser enviadas "directamente" al Gobierno central, evitando así que las personas solicitantes tengan que hacer trámites adicionales y engorrosos.

Además, el Ejecutivo vasco ha solicitado que se respete la fecha original de las solicitudes, para asegurar que aquellos afectados no pierdan los derechos que adquirieron al momento de registrar sus peticiones. Por último, se ha propuesto que no se cobren nuevamente las tasas asociadas a este proceso para quienes se vean afectados por la actual situación.

"Esto es lo que hemos planteado; en esencia, hay un acuerdo verbal en marcha, pero estamos a la espera de una confirmación por parte del Gobierno central sobre este asunto", concluyó el consejero, quien también advirtió que no será posible resolver todos los trámites necesarios en un periodo de seis meses como sugirió EH Bildu.