Las recientes declaraciones de la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, han levantado una gran controversia en el ámbito político. El diputado general de Álava, Ramiro González, considera que estas afirmaciones son de una gravedad extrema, lo que ha llevado a demandar un enfoque más reflexivo para tratar la política migratoria en la región.

González ha manifestado su oposición rotunda a la creación del macrocentro de refugiados en Vitoria-Gasteiz, que califica como una imposición del Gobierno español sin un acuerdo previo y en contra de lo que opina la mayoría de la población y las autoridades locales. En su opinión, la situación requiere un diálogo sereno y sin conflictos que permita abordar de manera adecuada las necesidades de las personas refugiadas.

En una rueda de prensa, el diputado reaccionó a las críticas de Garmendia hacia el Lehendakari por su postura en materia de inmigración, calificando los comentarios de la delegada como "fuera de lugar" y más relacionados con una política agresiva típica de Madrid. González exigió el cese inmediato de los planes para el macrocentro ubicado en la antigua clínica Arana, argumentando que este proyecto no cuenta con el soporte necesario y presenta un modelo insostenible de acogida.

Además, González subrayó que existe un amplio consenso en el Parlamento Vasco y en el Ayuntamiento de Vitoria sobre la oposición a este centro, lo que hace aún más inaceptable que el Gobierno español continúe adelante con su construcción. El diputado enfatizó la necesidad de evaluar adecuadamente cómo se pueden ofrecer mejores condiciones de acogida para los refugiados, sugiriendo un modelo basado en centros más pequeños y capaces de ofrecer un trato más personalizado.

El líder alavés ha instado a la delegada a reflexionar sobre su "absoluta soledad" en esta cuestión y ha abogado porque el diálogo sea la vía para resolver estas diferencias. Propuso la necesidad de paralizar de forma inmediata la construcción del centro para abrir un verdadero debate sobre cómo atender a las personas refugiadas desde una perspectiva que respete las necesidades de la sociedad vasca.

En consonancia con el llamado del lehendakari, Imanol Pradales, González ha reafirmado que Euskadi tiene la capacidad y el compromiso de integrar a la población migrante, garantizando los mismos derechos y obligaciones que le corresponden. Defendió que la integración se logra a través del acceso a empleos dignos y adecuados a las capacidades de los inmigrantes, enfatizando la importancia de conocer las demandas del mercado laboral.

El PNV, del cual González es miembro, ha mantenido una postura clara en contra de la construcción del centro de acogida internacional, argumentando que no debería ser un proyecto impuesto. Al finalizar, recordó que la responsabilidad de la paralización recae en el Gobierno español, y que ellos, como autoridades locales, no tienen el poder para detener la obra, instando a una verdadera discusión para cambiar el rumbo de este plan.