En la ciudad de Bilbao, el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide ha puesto en marcha un programa que ofrece importantes incentivos económicos para la contratación de desempleados en sectores tradicionalmente masculinizados y feminizados. Esta iniciativa, que contempla un apoyo de hasta 8.000 euros por contrato, está destinada a fomentar la contratación a jornada completa con una duración mínima de seis meses. Sin embargo, cabe destacar que esta ayuda se reduce a 6.650 euros en aquellos contratos que incluyan bonificaciones o reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

El programa, denominado Morrokotudak, cuenta con un presupuesto de 600.000 euros y se enfoca en apoyar la capacitación y posterior contratación de personas desempleadas, priorizando a mujeres y hombres en ámbitos que históricamente han estado segregados por género. Esta estrategia busca no solo aumentar el empleo, sino también equilibrar las oportunidades laborales en Euskadi, tal como ha informado Europa Press.

El proceso para acceder a estas subvenciones es de concurrencia sucesiva, lo que significa que las solicitudes se evaluarán en orden de presentación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Los fondos se otorgarán hasta que se agote el monto presupuestado para este programa, asegurando así que las ayudas lleguen a quienes las necesiten en el momento adecuado.

En cuanto al desembolso de la subvención, las empresas que logren contratar a personas desempleadas recibirán un 60% del monto total en el momento de la concesión, mientras que el saldo restante se abonará tras un periodo de seis meses, siempre que se verifique que el trabajador ha permanecido en su puesto durante ese tiempo.

Las solicitudes para acceder a estas ayudas estarán abiertas hasta el 10 de octubre, y podrán beneficiarse de este programa las empresas de carácter privado que operen en la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre y cuando formalicen contratos con el alumnado de las acciones formativas. Sin embargo, se excluyen de esta oferta las Administraciones Públicas, organismos autónomos y cualquier entidad que forme parte del sector público, así como las empresas de trabajo temporal y otras estructuras de externalización de servicios.