En un movimiento significativo, el Gobierno español ha decidido inyectar 75 millones de euros en Talgo, una conocida firma dedicada a la fabricación de trenes. Esta decisión, tomada en el Consejo de Ministros, busca fortalecer la capacidad industrial de la compañía, crucial para avanzar en la movilidad y la sostenibilidad del transporte en las próximas décadas.

La aportación, realizada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), fue comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según la SEPI, esta inversión resalta la importancia de Talgo en el ámbito ferroviario nacional, destacando sus avanzadas tecnologías y capacidades que la convierten en un actor fundamental en el sector.

La estructura de la inversión se compone de 45 millones de euros destinados a una ampliación de capital y otros 30 millones en forma de un préstamo convertible en acciones. Esta ampliación se llevaría a cabo emitiendo hasta 10.588.235 nuevas acciones, excluyendo el derecho de suscripción preferente, a un valor de 4,25 euros por acción, lo que representaría un 7,87 % del capital social ampliado.

El préstamo, por otro lado, tendrá un valor fijo del 10,21 % anual y podrá ser capitalizado, con un plazo de pago de ocho años que podría extenderse a diez. La opción de pago podría ser en efectivo o mediante acciones, dependiendo de la decisión final de Talgo.

Sin embargo, esta inyección de capital no es automática. La SEPI ha establecido que su inversión está condicionada a que se cumplan varias situaciones previas. Entre estas, destaca la necesidad del consorcio liderado por el grupo vasco Sidenor de adquirir un 29,77 % del capital de Talgo, acciones actualmente en manos del fondo Trilantic.

Este consorcio, que también incluye al Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, ha de comprometerse a una emisión adicional de obligaciones convertibles, similar a la inversión de la SEPI. Sumar a esto, Talgo necesitará reestructurar su deuda existente, que incluye una financiación de 650 millones y una línea de crédito de 120 millones, con condiciones que permitirán extender el tiempo de pago.

Además, se contempla la creación de una nueva línea de avales de 500 millones de euros que facilitarían la efectiva materialización de la inversión realizada por parte de la SEPI. Estas medidas han sido justificadas por la SEPI como esenciales para respaldar el plan de negocio de Talgo, el cual se ha vuelto necesario para afrontar el creciente número de proyectos en su cartera.

Afrontando retos significativos, la empresa se ha visto en problemas debido a demoras en sus entregas, como lo evidenció una multa de 116 millones impuesta por Renfe. Asimismo, el año pasado, una propuesta de venta a un consorcio húngaro fue bloqueada por el Gobierno, citando cuestiones de seguridad nacional.

Con estas decisiones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca apoyar lo que considera una empresa clave para la industria nacional, en un esfuerzo por asegurar el futuro de Talgo dentro del panorama ferroviario español.